El ahora ex-Presidente de la nación andina fue detenido y trasladado a la Prefectura local tras su intento fallido de disolver el Congreso e instaurar un Gobierno de excepción.
Perú atraviesa horas muy críticas. A la suma de la crisis económica y social que padece el país, se le adhiere una grave crisis en su representatividad política. El gobierno atraviesa una inestabilidad acusado de corrupción por parte de la oposición. En medio de este caos, en horas de la mañana, el ahora ex-mandatario de Perú, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso e instaurar un “Gobierno de excepción”.
Sumado a eso, había establecido un toque de queda a nivel nacional. Al respecto, manifestó: “A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley». Castillo justificó sus acciones valiéndose de una acusación al órgano legislativo.
Según el presidente de Perú, el Congreso tenía como objetivo «destruir el Estado de derecho, la democracia y el equilibrio de poderes». Finalmente, Castillo declaró en post de la «reorganización del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional».
Sin embargo, los aparatos estatales actuaron con rapidez y el Gabinete nacional tuvo que enfrentar una avalancha de renuncias. Uno de ellos fue el caso del Ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, que así lo indicó en su cuenta de Twitter:
«En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución».
Asimismo, abandonaron sus cargos el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo; el de Educación, Rosendo Serna y el embajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Manuel Rodríguez.
Boluarte asume la presidencia en medio del caos
Dina Boluarte, vicepresidente de Castillo, se había manifestado minutos después del anuncio de Castillo en sus redes sociales, en contra de esta determinación. «Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».
Posteriormente a dicho anuncio, la representación nacional reaccionó rápidamente a través de un Congreso extraordinario y aprobó su destitución. El mismo contó con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones. Posteriormente, citaron a Boluarte para realizar el juramento como nueva jefa de estado. Este nuevo rol le permite transformarse en la primera mujer en ocupar el cargo máximo en el país peruano.
Cabe recordar que las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú aseguraron que no acatarán «cualquier acto contrario al orden constitucional», después de que el presidente Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso.
“Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134 de la Constitución Política, establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, señalaron en un comunicado.
La palabra de la oposición
Martha Moyano, diputada fujimorista, expresó: «Estamos frente a un golpe de Estado». En esta misma línea, la exjefa de Gabinete Mirtha Vásquez arremetió contra Castillo al decir que “está replicando el modelo Fujimori que pone en serio riesgo la democracia. Ni el rol nefasto de este congreso, ni las investigaciones por corrupción pueden justificar estas decisiones autoritarias”.
La decisión de Castillo no podría haber ocurrido en peor momento. El anuncio tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo al frente del país entre 1990 y el 2000. Este suceso provocó la disolución del Congreso, el 5 de abril de 1992.
La oposición, casi en su totalidad, señaló los métodos del ahora expresidente como anticonstitucionales. En vista de los hechos, Castillo fue destituido por «permanente incapacidad moral». Esta moción de vacancia es la tercera contra Castillo en los 16 meses que lleva en el poder. Hasta ahora, ninguna había tenido éxito en concretar su remoción.