«Como olavarrienses nos sentimos en el deber de denunciar el atropello institucional y la falta de transparencia del gobierno de Ezequiel Galli. Este tipo de prácticas se transformaron en un hecho constante y sistemático del Gobierno local que tiene como cúmulo la causa judicial por la venta ilegal de terrenos en la cual se encuentra imputado un funcionario municipal».
Con esa fuerte introducción quince fuerzas políticas e institucionales de Olavarría difundieron en las últimas horas del jueves un duro comunicado contra el Ejecutivo municipal. Es un hecho que no tiene precedentes en lo inmediato que casi todo el arco político local coincida en un documento donde le pidieron al Intendente dar explicaciones sobre diferentes hechos que involucran al Municipio y que los espacios calificaron como «actos de corrupción».
Al comunicado adhieren: Ahora Olavarría, Somos Olavarría, Hacer Olavarría, Frente de Todos, Nueva Unión Ciudadana, MTE, Renacer Federal, UCEDE, Avanza Libertad, Movimiento Evita, PJ, Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales, NOS y la Junta Vecinal 4 de Octubre.
El disparador fue la revelación de que el asesor del Ejecutivo, Mariano Ciancio, imputado en la causa «Estafas con Terrenos» y suspendido de sus funciones, sigue cobrando un sueldo a través de la sede del Pro en Olavarría, que lidera el propio Galli y donde este viernes arribará el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
«Ante esta situación, nuevamente la comunidad está siendo testigo de un hecho totalmente inmoral que involucra, ni más ni menos, que a un asesor directo del intendente y el oficialismo. Mariano Ciancio, quien fue “suspendido” por el propio intendente, al ser imputado por la venta de terrenos, sigue cobrando $170 mil pesos mensuales en concepto de “servicios prestados”, que son financiados por el partido político “Juntos por Olavarría” que preside Ezequiel Galli» dice el comunicado.
«Cabe recordar que durante el anuncio el intendente afirmaba: “Siempre dije que si un funcionario municipal estaba involucrado en la causa iba a ser separado del cargo” menciona.
El comunicadoque repasa la serie de escándalos en los que se vio envuelto el Ejecutivo en los últimos tiempos, continúa:
«Como si fuera poco, al ser consultados por el hecho del cobro, funcionarios municipales no solo confirmaron el pago sino que también lo justificaron: “Es lo más lógico del mundo lo que estamos haciendo”, argumentando que es la única fuente de ingreso familiar que tiene el ex asesor, manejan semejante grado de inmoralidad que no les parece mal su accionar, lo que es más preocupante aún, cinismo total».
«Estamos ante una puesta en escena mediática, un claro abuso de poder, Ciancio sigue siendo totalmente resguardado por el gobierno municipal. Ante semejante hecho que nos genera gran indignación nos hacemos varias preguntas, ¿Qué servicios está prestando Ciancio?, ¿A quién? ¿De dónde salen esos fondos?¿Con qué fin la gestión del intendente Galli sigue respaldando a Ciancio?. A las claras este accionar demuestra el estrecho vínculo que sigue teniendo Ciancio con la cúpula de Juntos y funcionarios municipales».
«La comunidad de Olavarría merece explicaciones por parte del señor intendente, es otro hecho que mancha a la política, carece de todo tipo ética y moral, afecta la transparencia municipal e involucra la envestidura del jefe de gobierno quien debe dar el ejemplo y actuar en consecuencia».
«No es un hecho aislado, lamentablemente debemos sumarle a esto el déficit de $350 millones, las viviendas TUVI, la intromisión en las sociedades de fomento e instituciones intermedias de la comunidad, el caso del concejal Frias que es legislador y proveedor, el ex director de Personal Gabriel Requena que renunció a su cargo y de inmediato fue contratado como consultor municipal. Un accionar sistemático de atropello a las instituciones y falta de transparencia en la gestión».
«Ezequiel Galli y su gente una vez más nos mienten en la cara, se nos ríen, un abuso de poder que genera gran indignación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo estos actos de corrupción?».
«El ejercicio de la función pública con estas formas desprestigia la política. Creemos que a pesar de las diferencias ideológicas, están fuera de discusión los principios y valores que debe tener un funcionario con su comunidad, nos negamos a naturalizar este tipo de accionar» concluyó el documento firmado por los 15 espacios institucionales.