La propuesta de la senadora Alejandra Vigo, que cuenta con media sanción en Diputados y recibió dictamen favorable en la Cámara Alta del Congreso de la Nación, obliga a incorporar la detección y atención médica en estos casos.
El proyecto escrito por la senadora nacional Alejandra Vigo, que propone que las prepagas incorporen un abordaje integral para casos de violencia de género, está en condiciones de convertirse en ley. El pasado miércoles la iniciativa de Vigo (Hacemos por Córdoba) recibió dictamen favorable en un plenario de comisiones del Senado de la Nación.
Se trata de un proyecto que apunta a la modificación del artículo 26 de la Ley 26.485, respecto a la prestación de la cobertura por parte de las obras sociales o entidades de medicina prepaga. De esta forma, busca incorporar un protocolo de abordaje integral para los casos de violencia de género; y regular las prestaciones para brindar acompañamiento y prevención.
Cabe destacar que el proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y entiende a la violencia de género como una problemática sociosanitaria. En ese sentido, la autora destacó que la propuesta representa “el cierre en esta pelea contra el flagelo de la violencia”; dado que permite “detectar la situación para el reconocimiento del problema”.
“La asistencia que se le da a la víctima solo se lleva a cabo en el sector público, el abordaje contra la violencia de género se ve incompleto”, señaló Vigo. Asimismo, aseguró: “Con esto vamos a universalizar esa atención y también se abre una nueva perspectiva en la formación de los profesionales”.
Abordaje integral de la violencia de género en la salud privada
El objetivo del proyecto es incorporar al PMO de las Obras Sociales Nacionales un protocolo para abordar integralmente los casos de violencia de género. Este consiste en la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas.
De esta forma, el documento del proyecto señala que el PMO debería incluir “todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente”.
Además, establece que tanto las obras sociales como los prestadores de salud deberán articular con los programas para la atención de la violencia de género. El fin es garantizar una atención integral con los parámetros e indicaciones adecuadas.
Abordaje de las violencias en la salud pública
Como indica la senadora, en la salud pública existen esfuerzos para que la atención de casos de violencia por razones de género sea integral. La Ley Micaela, que establece una capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, es una de las apuestas clave para combatir este tipo de violencia.
Les trabajadores de la salud pública son destinataries de esta capacitación obligatoria; a la vez que existen otros programas, como el de Abordaje Integral de las Violencias en el Ámbito de la Salud Pública en el caso de la provincia Buenos Aires.
¿Cómo frenar la violencia?
En un país en el que una mujer o persona del colectivo de la diversidad sexual es asesinada por razones de género cada 25 horas, es evidente que las medidas tomadas para frenar la violencia no alcanzan. De esta manera, se torna necesario incrementar las iniciativas legislativas.
En este punto, es importante señalar que, así como este proyecto de ley surge de reconocer que la violencia por razones de género atraviesa los distintos ámbitos y dimensiones de la vida, entre ellos la salud, su rechazo o aprobación indicará al grado de compromiso que existe para abordar la problemática.