La Ley de Humedales espera ser tratada y aprobada desde hace más de 15 años. A pesar de tanta lucha y pedido por parte de organizaciones ambientalistas, todavía no fue logrado.
Nota al Pie dialogó con Patricia Pintos, geógrafa; docente e investigadora y subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En el día de ayer, se iba a llevar a cabo el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El mismo daría lugar al debate para dictaminar su sentencia. Sin embargo, fue postergado por los presidentes del bloque del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que suspendieron la reunión.
La suspensión del plenario de comisiones
En el segundo piso del anexo de la Cámara Baja a las 10 de la mañana del jueves 29 de septiembre estaban convocadas las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura.
En ese marco, un día antes, el miércoles 28 a la noche, Germán Martínez, titular del bloque oficialista, presentó una nota que suspendía la reunión. La misma contaba con las firmas del resto de los presidentes de bloque de Juntos. Según se aclara en la nota, esto se hizo para “escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”.
Con esta ley se debería realizar un relevamiento de todos los humedales junto con un ordenamiento territorial donde se especifiquen qué actividades se pueden desarrollar en cada zona. Esto genera el rechazo de los sectores extractivistas, como el minero, el forestal y el agronegocio, que ven como un peligro esta clasificación ambiental. Una de los debates consiste en asignar como autoridad de relevamiento a las provincias o organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Dos proyectos muy diferentes en disputa
Existen dos proyectos centrales sobre la Ley de Humedales. Por un lado, está el “Proyecto consensuado con las organizaciones y científicos”. El mismo cuenta con dictamen en el año 2020 y fue presentado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso.
Por otro lado, está el proyecto presentado por diputades y senadores de Juntos por el Cambio. Es impulsado por los diputados nacionales Ximena García y Maximiliano Ferraro, junto con las senadoras Gladys González y Carolina Losada.
“Las diferencias entre ambos proyectos en disputa son grandes, tienen que ver muy poco el uno con el otro. En total hay 10 proyectos de ley en Diputados y 5 en Senados”, comenzó explicando Pintos.
Una de las principales diferencias es la definición que cada uno toma de humedal. “El proyecto de Grosso comparte la definición con casi todos los otros proyectos acerca de qué se define como humedales, que es la definición consensuada en el 2016 en el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), es decir, con las provincias”, señaló.
Por su parte, el proyecto de JxC toma la definición de la Convención de los Humedales de Ramsar, que “es una definición muy genérica que no establece taxativamente aquellos elementos que permitirían definir con precisión a los humedales”.
Según detalló, se trata de una definición ambigua con la intención de no acordar con la definición del COFEMA; que otorga una mayor superficie a los humedales. “Mientras JxC dice que la superficie de humedales del país sería del 11%, la del COFEMA está entre el 21 y 23%”, indicó Pintos.
Jorge Vara es un legislador correntino por Juntos por el Cambio. Sobre él, la especialista indicó: “Su preocupación es que Corrientes no quede encuadrada como una provincia con una vasta superficie de humedales”.
De esa manera, el diputado se preocupa por “salvaguardar los intereses de sectores que tienen la intención de seguir avanzando sobre ecosistemas de humedales; como el agronegocio y las mineras, y en menor medida el sector inmobiliario”, amplió.
La importancia de la ley de humedales
Acerca de la importancia de esta ley, Pintos aseguró que “viene a preservar y proteger ecosistemas que son extremadamente frágiles e importantes para la calidad ambiental de nuestros territorios”. Esto teniendo en cuenta la crisis socioecológica global de la que Argentina no escapa, atravesada por el cambio climático.
“Los humedales son fundamentales para el secuestro de dióxido de carbono de la atmósfera, que es el responsable del calentamiento global que causa el cambio climático. Por eso tienen un papel relevante en contener las transformaciones derivadas del cambio climático”, explicó. Además, los humedales proveen un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos.
El lobby detrás del relevamiento territorial
Al realizarse un ordenamiento de los diferentes humedales, clasificándolos por importancia y necesidad de protección, hay sectores económicos que ven perjudicadas sus actividades. Entre ellos se ubican: el lobby minero, el del agronegocio, el ganadero, el forestal, el del sector inmobiliario.
Los humedales son territorios de disputa de todos estos sectores económicos que “están avanzando definitivamente sobre estos ecosistemas y aspiran a no tener ningún tipo de reglas para poder seguir haciendo o desarrollando sus actividades productivas”, agregó.
De esa forma, estos grupos de poder son referentes de otras formas de extractivismo, como el inmobiliario, forestal, minero. “El extractivismo busca garantizar la maximización de la ganancia empresaria en el menor plazo posible, aunque esto suponga una afectación permanente de ecosistemas que son vitales para la vida”, amplió.
En ese sentido, Pintos remarcó que “el agua es un recurso fundamental en el marco de la crisis socioecológica que el mundo está viviendo, y los humedales son los principales reservorios de agua”.
Por último, afirmó que “se verían profundamente afectados de no mediar en el avance de estas actividades productivas con regulaciones que garanticen la racionalidad de esos procesos y la sustentabilidad ambiental para las generaciones que actualmente están desempeñando allí sus vidas y las generaciones futuras”.
FUENTE: https://www.notaalpie.com.ar/2022/10/01/que-hay-detras-de-la-postergacion-de-la-ley-de-humedales/