La crisis política en Perú continúa haciendo estragos. Y es que tras la destitución del expresidente, Pedro Catillo, manifestantes atacaron a piedrazos una Fiscalía y se enfrentaron a la Policía en una ciudad del sur, según informó Télam.
La concentración de personas, de las que 20 resultaron heridas, se dio bajo la necesidad de exigir nuevas elecciones en un contexto hostil para el país sudamericano.
En tanto, el Gobernador Regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, confirmó, de manera reciente, que durante las protestas se registró un muerto producto de la represión policial. El mismo sería un joven de 15 años de edad.
No obstante, dicha información fue además ratificada por el viceministro de Orden Interno, Abel César Gamarra Malpartida, al medio Contacto Directo.
Según informó la Defensoría del Pueblo el “enfrentamiento entre la población y Policía deja 16 personas y 4 policías heridas/os”. Los mismos se dieron en la ciudad surandina de Andahuaylas, en la región de Apurímac.
Asimismo, las personas heridas fueron trasladadas al hospital, indicó la institución, sin precisar el estado de salud de las mismas.
Manifestaciones y heridos, todo lo que dejó la destitución en Perú
Las manifestaciones son, en efecto, la representación de la crisis política que atraviesa Perú. Según precisó la Defensoría, los manifestantes utilizaron hondas y piedras para atacar el local de la Fiscalía de Andahuaylas. En tanto, la Policía local reprimió el ataque con gases lacrimógenos.
A su vez, según detalló el organismo, en ella dos policías fueron retenidos durante horas como “rehenes”, aunque luego fueron liberados.
En ese marco, y para calmar el desorden social, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que indicó: “Hacemos un llamado a la calma ante los hechos que se vienen registrando en Andahuaylas”.
“Pedimos a la población que hace uso de su derecho a protestar. Rechazamos cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad del ser humano”, agregó el comunicado, según publicó la agencia de noticias AFP.
Cabe destacar que, de la región de Apurímac es oriunda la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, quien asumió el pasado miércoles tras la destitución de Castillo. No obstante, se trata de la primera mujer presidenta en el país.
Apurímac, la región que se declaró en “insurgencia popular”
Las protestas multitudinarias en la ciudad de Andahuaylas, región de Apurímac, se han desarrollado desde el pasado 9 de diciembre. Todas ellas como producto de la destitución de Castillo por “incapacidad moral”.
En ese contexto, el pasado sábado organizaciones sociales Apurímac declararon a su región en “insurgencia popular”. Esto con el fin de exigir el cierre del Congreso del país, así como también la liberación del expresidente, Pedro Castillo.
A su vez, los simpatizantes de Castillo anunciaron el inicio de un paro indefinido. El mismo regirá a partir del lunes 12 de diciembre y se da en oposición a la asunción de Boluarte, a cuyo mando han denominado como Gobierno de facto.
La asunción de Dina Boluarte en Perú
El caso se suma al reducido grupo de mujeres que han asumido el poder en América Latina y el Caribe en medio de circunstancias turbulentas y especiales.
La asunción de Boluarte se da luego de que Castillo fuese destituido el pasado miércoles tras pretender cerrar el Congreso para gobernar por decreto y a meses de enfrentamientos con el Poder Legislativo. Este último dominado por la derecha.
Con 60 años de edad, se trata de la primera mujer en ocupar este tipo de cargo. Boluarte se caracteriza por ser una abogada con ideales de izquierda, aunque sin militancia en partidos políticos.
Por su parte, Castillo, ahora expresidente de Perú, era un maestro rural de 53 años, cuyo hombre llegó al poder en julio de 2021. El mismo fue detenido por sus propios custodios mientras se dirigía a la embajada mexicana a solicitar asilo. El pasado miércoles el mismo fue puesto bajo “prisión preventiva” por siete días.
¿De qué es acusado Pedro Castillo?
Hasta ahora la Fiscalía lo acusa de “rebelión”. Así, en caso de ser hallado culpable podría enfrentar entre 10 y 20 años de prisión. En ese marco, el pasado miércoles el mismo fue detenido por la Policía tras salir de la Casa de Pizarro, el palacio de gobierno.
En ese sentido, el organismo judicial dio a conocer que, tras ser enviado a prisión de manera preventiva, se abrió un proceso preliminar en contra de Castillo. Esto último a razón de “quebrantar el orden constitucional”.
En efecto, en el comunicado de la Fiscalía expresan que el expresidente habría violado el artículo 346 del Código Penal, el cual señala: “El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años”.
No obstante, en el día de ayer cientos de personas afines a Castillo, y convocadas por colectivos de izquierda, marcharon hacia el Congreso de Lima (capital) para exigir su liberación. Aunque, según estimaciones, la misma concentró menos cantidad que días anteriores.
“Estamos protestando porque tienen a nuestro presidente secuestrado, queremos su libertad”, contó a la agencia AFP Rosa Gutiérrez, de 60 años.
“Esta señora es una usurpadora, está ocupando el lugar del presidente Castillo, por ambición (lo) traicionó”, expresó por su parte Ruth Orihuela, de 46 años, sobre Boluarte.