Durante el desplazamiento de Evo Morales, el presidente en ese momento, el gobierno de facto habilitó el desembarco de armamento. Arteaga Fernández participó de la compra irregular de gases lacrimógenos y municiones anti-tumulto destinados a la represión en Bolivia. A su vez, otro de los responsables fue Normando Álvarez García, embajador argentino en La Paz.
Sin embargo, aún no hay sentencia para les funcionaries argentines intervinientes en el tráfico ilegal. En este sentido, Ariel Basteiro, el actual embajador argentino en Bolivia fue muy crítico de este proceso. “Es importante que la justicia boliviana vaya avanzando y que haya una sentencia, a diferencia de lo que sucede con los tribunales en la Argentina”, remarcó ante Página 12.
En nuestro país, se radicó una denuncia en el fuero penal económico contra diversas figuras de la política nacional. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Óscar Aguad, Marcos Peña, Álvarez García y el ex comandante de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, son algunes de les imputades.
Argentina no sentenció culpables
El fallo judicial emitido en la sentencia señaló a Álvarez García y Arteaga Fernández como las dos patas del contrabando agravado de armas. “Quien le dio un trámite irregular ese mismo día al pedido de Álvarez García fue Arteaga Fernández. El hombre ejercía entonces como responsable del Escritorio de Sobrevuelo, Aterrizaje y Porte de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores”, explicó el escrito.
Aún así, la Justicia argentina no sentenció a les culpables por su coparticipación en el traslado del armamento. Mientras en Bolivia aguardan por el avance del peritaje para profundizar la investigación, en Argentina no se registró ningún indicio. Según Basteiro, “hay una clara manifestación de no querer profundizar la investigación y de querer proteger a aquellos que son los responsables”.
De este modo, les apuntades son únicamente miembros de la Gendarmería Nacional. Esto se debe a que la denuncia promovida por Alberto Fernández no avanzó contra el círculo cercano a Macri. “La justicia argentina solamente llamó a declarar a los gendarmes, que son el hilo más delgado del entramado”, argumentó Basteiro en Télam.
En consecuencia, el embajador argentino apuntó contra la Justicia en nuestro país por su demora en la citación declaratoria de implicades. “Ya se comprobó que hubo tráfico de armas que llegó desde Argentina y hay muchos elementos para convocar a ministros, funcionarios o al propio Macri”, sentenció.
Áñez lideró un golpe de estado contra el gobierno de Evo Morales, quien debió exiliarse en Argentina en 2019. La llegada al poder estuvo acompañada de fuertes represiones y el uso de armas. Para ello, la gestión de Macri habilitó la venta ilegal de armamento a Bolivia el 13 de noviembre de ese año. Los elementos llegaron al aeropuerto de El Alto, en La Paz.
El actual funcionario de Gerardo Morales en Jujuy, Álvarez García, envió un pedido a la cancillería de Bolivia para trasladar gendarmes argentines. Su objetivo fue internar miembros de la agrupación Alacrán en la embajada y la residencia del embajador. Asimismo, el actual condenado, Arteaga Fernández, facilitó el ingreso, falsificó documentos e incumplió deberes de funcionario público.
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) retiró 70 mil balas anti-tumulto del hangar de los Diablos Negros del avión Hércules argentino. Sin embargo, la investigación comenzó tiempo después gracias a una carta enviada por el comandante de las FAB, Jorge Gonzalo Terceros Lara.