“La Coparticipación Federal es el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal, en virtud de una delegación efectuada por las Provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir el resto entre aquellas y la CABA…”
Es decir el Estado Nacional recauda en virtud de una delegación de facultades por parte de las provincias. Pero ¿Quién le ha dado a las “provincias” el mandato para semejante delegación? Sin duda: el pueblo de cada una de ellas. Ese pueblo, esos habitantes, trabajadores, ciudadanos, personas son el cuerpo y el alma de la Nación Argentina. Somos el cuerpo y el alma de la Nación Argentina. Somos la Nación Argentina.
Está bien hablar de Estado Nacional y Provincias, no podría ser de otra manera. Pero en la realidad práctica son los representantes, elegidos democráticamente, los que hacen los acuerdos. Es decir son nuestros dirigentes. Y es lógico que nuestros dirigentes tironeen entre sí para ver quien obtiene para su región la mayor tajada. Y para ellos la mayor cuota de Poder.
Dicho lo anterior la CN reformada en 1994 estableció un plazo (2 años) para consensuar una nueva Ley de Coparticipación. Pero como el tironeo continuó y nadie quiere perder la ventaja que supo ganar, el consenso no llega nunca. Ya superamos las dos décadas de desencuentros en esta materia.
Es más, la crisis que estamos viviendo entre el Poder Ejecutivo Nacional y el gobierno de la Ciudad, en la que está involucrado el interés de la provincia de Buenos Aires, que devino en fallo de la Corte, originalmente desconocido por la Nación y varias provincias, para luego retroceder, aceptar el fallo pero impulsar el Juicio Político a los miembros de la Corte, etc. tiene origen en esta disputa por recursos limitados. Así es. Como la coparticipación se da sobre una masa de recursos establecida, lo que gana uno lo pierde el otro. Son acuerdos de suma 0 (cero) Puede ser entre provincias (lo que gana una lo pierde la otra) o puede ser entre provincias y Nación.
El asunto entonces es la distribución.
“En cuanto a las pautas de distribución, la Constitución establece que deberán adoptarse criterios objetivos de reparto que expresen una relación directa entre las competencias, servicios y funciones a cargo del Gobierno Federal, los Gobiernos de Provincias y la CABA, y los recursos a percibir, debiendo además propender a una distribución igualitaria y solidaria tendiente a lograr un grado equivalente de desarrollo, de calidad de vida y de igualdad de oportunidades en toda la Nación”.
Criterios objetivos, distribución igualitaria, solidaria, grado equivalente de desarrollo, calidad de vida, igualdad de oportunidades en toda la Nación.
Estos criterios que no logran resolver las provincias, si se logra con nuestra propuesta de Ingreso Básico Universal.
Es un criterio objetivo, porque se trata de dar a cada argentino habitante de nuestro territorio el equivalente a 1/8 del PBI per cápita.
Es igualitario, lo reciben todos, pobres y ricos, en la Quiaca, Ushuaia o Buenos Aires.
Es solidaria, porque se favorecen todos, pero más se favorecen los que dejan de sufrir condiciones de indigencia y pobreza.
Logra un grado equivalente de desarrollo dado que impacta mejor en las áreas más alejadas y menos desarrolladas.
Mejora la calidad de vida, porque reanima el mercado interno, estimula positivamente el comercio, la producción, la inversión y el trabajo.
Nos acerca a la igualdad de oportunidades, ya que ningún pibe tendrá que dejar de estudiar para ir a cartonear; o tantos otros ejemplos.
Pero además logra lo que no quieren nuestros representantes: que el pueblo tenga más Poder. Manejar dinero es manejar Poder. La lucha por el dinero tiene distintos niveles: el de la supervivencia, el de llevar una vida digna, el que acumula para invertir y mejorar la calidad de vida de su entorno y el que maneja el dinero como fuente de Poder. Así el que maneja más dinero tiene más Poder. Por eso no se ponen de acuerdo nuestros representantes. En la lucha por el Poder el mediador indispensable es el dinero. Pero ¿Qué pasa cuando ese dinero se destina sin ninguna intermediación a los de abajo? ¿Sin otra condición que ser argentino y habitar nuestro suelo? ¿En alguna medida no le estamos devolviendo lo que él tributó en forma de impuestos? Pero además ¿No le estamos dando una pequeña cuota de poder? ¿No estamos incrementando el grado de libertad de los desamparados? ¿No estamos elevando el nivel de toda la sociedad? ¿No estamos liberando las capacidades y potencialidades de millones de argentinos que hoy están hundidos en la miseria, sin esperanza y sin futuro?
Está claro que esta política reclama una ingeniería financiera nueva por parte del Estado. Al tiempo que sabemos que los recursos están. Ahora con una mayor proporción en las personas y una menor proporción en el Estado. Pero ¿Acaso no aceptamos que las personas son tan buenas administrando su dinero como el Estado o cualquier privado? ¿No pensamos que le van a dar un buen uso y el circulante cumplirá el rol que debe cumplir; que es ayudar al bienestar general?
La buena nueva Coparticipación Federal Democrática debería empezar por el Ingreso Básico Universal. Está en línea con la Constitución. Además, con los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y contemplan estos nuevos derechos del Siglo XXI. Los nuevos derechos como el IBU no son demagogia. Son grandes actos de inteligencia política que les permiten a los pueblos elevarse hasta alcanzar, en conjunto, el tiempo histórico que les ha tocado vivir. Argentina viene muy rezagada fruto de la injusticia reinante. Es tiempo de mejorar el pacto social entre todos nosotros.
Por Mario Mazzitelli.