Ante un contexto de crecimiento de fake news, Mauro Brissio, licenciado en Comunicación Social, propone una Ley anti fake news. De este modo, su trabajo de meses busca formalizarse en una ley que regule la circulación de desinformaciones en Argentina, y, asimismo, que estipule sanciones ante incumplimientos.
Este período de post pandemia obligó a revisar la información difundida por medios de comunicación y redes sociales. Por ello, en Nota al Pie conversamos con Mauro Brissio, magíster en Comunicación en la Universidad Nacional de La Matanza y especialista en fake news.
Para comenzar es vital definir a las fake news. Cada una de ellas “es una operación política financiada por grupos de poder y tiene la intencionalidad de generar daño”, explicó. En consecuencia, el licenciado ratificó que “el periodista o el influencer sabe a la perfección que lo que está compartiendo es falso y aún así decide hacerlo”.
En este escenario, surgieron las propuestas para iniciar debates enriquecedores que desalienten esta práctica. “Es importante una ley de este tipo en nuestro país porque las fake news atentan de forma permanente contra la reputación de una persona”, certificó.
¿Cuán necesaria es esta ley en Argentina?
El mundo atraviesa una lucha contra este fenómeno y Argentina no está exenta. El surgimiento de Chequeado y Desconfío Argentina como fact-checkers son un claro ejemplo. Asimismo, la difusión de desinformaciones, muchas con el protagonismo de Viviana Canosa particularmente, invitó a revisar protocolos de alerta.
Sin embargo, no fueron los únicos motivos que impulsaron la formulación de este proyecto. Por este motivo, el especialista señaló otros tres puntos. “Las fake news afectan a la salud física y mental de las víctimas”, afirmó. Además, las secuelas son muy grandes.
“También impactan en la realización, los sueños de vida de las personas y traen consecuencias que no afectan solamente a Argentina, sino también al mundo”, añadió el Magíster en Comunicación. A su vez, reafirmó que “deterioran la democracia e impiden acuerdos para una sociedad organizada”.
¿Cuál es el objetivo central de la ley?
El proyecto tiene como propósito no atentar contra el derecho humano a informar, pero basado en cuatro pilares fundamentales. El primero es la sanción económica ante un incumplimiento. Y el segundo es la capacitación de la ciudadanía en materia de fake news.
“Queremos que se enseñe en clubes de barrio, sindicatos, sociedades de fomento y fábricas para que las personas puedan detectar, identificar y denunciar”, confesó Brissio. Y una premisa básica será incorporar una materia curricular en los colegios.
En tercera instancia, otro de los pilares es la creación de un sistema semáforo. A través del uso de colores se puede advertir si se difunden muchas, pocas o nulas fake news. “Si querés consumir un medio que tiene una reputación de color rojo, podes hacerlo, pero tenes que saber que vas a consumir información falsa y será tu responsabilidad”, explicó.
Por último, el eslabón restante es brindar una rápida asistencia a las víctimas de las fake news, es decir, a quién afecta directamente. De esta forma, Brissio aseguró que “el Estado tiene que comenzar a dar contención porque muchos quedan con un daño permanente y con problemas de salud mental”.
¿Cómo se logra un equilibrio entre la libertad de prensa y el fin de las fake news?
El eterno debate de la libertad de prensa sin censura previa y la libertad de expresión marca el terreno. Uno de los cuestionamientos es el artículo 14 de la Constitución Nacional, pero no el único. El artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica también es un punto de discordia.
“La ley no busca poner fin al periodismo, sino a la mentira. Por esta razón, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica entiende que el derecho a la libertad de pensamiento tiene dos dimensiones”, certificó el entrevistado. De este modo, hay una cuestión individual y otra social.
Bajo esta premisa, el especialista explicó que “la primera dimensión es el sujeto emisor que tiene el derecho a difundir información e ideas de toda índole”. Sin embargo, resaltó que “la segunda dimensión es la instancia colectiva o social y todos tenemos el derecho a recibir noticias verdaderas”.
¿Cómo se detectan las fake news y cuál sería su sanción?
La etapa de pronto reconocimiento es vital, y la sanción es un punto central para disminuir su difusión inmediata. “Para lograrlo, hay que crear un Consejo Civil, conformado por instituciones de la sociedad civil, como colegios de profesionales, facultades y observatorios”, aseveró Brissio.
A través de este espacio se puede determinar si las informaciones difundidas son falsas. Esto aplicará para un medio de comunicación, un periodista, un político, un influencer, un troll o una cuenta en redes sociales. Una vez superado este proceso, se eleva el informe al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
“Este organismo es la autoridad de aplicación y quien puede establecer las multas correspondientes”, ratificó el entrevistado. En consecuencia, la propuesta es derribar las fake news promovidas en todos los espacios.
De hecho, el especialista realizó un señalamiento central. “Hoy cualquier persona se abre una cuenta, publica un tweet, se viraliza y quizás tiene más alcance que una noticia”, expresó. Por esta razón, Brissio consideró crucial que todos sean sancionados en caso de incumplimiento.
¿Cómo se podría poner en práctica esta ley?
Uno de los elementos centrales es la puesta en práctica de un proyecto de ley de este nivel. Para ello, el acompañamiento de dirigentes políticos será vital para permitir el debate y, en caso de sancionarse, lograr un adecuado funcionamiento“.
Este proyecto lo comencé yo solo, pero se van sumando voces”, reiteró. Por ello, reconoció que “están ayudando Gabriela Pedrali, diputada nacional por La Rioja y Carmela Moreau, que hasta hace poco era asesora de Jefatura de Gabinete de Ministros”.
FUENTE: https://www.notaalpie.com.ar/2023/03/17/ley-argentina-contra-las-fake-news/