El Plan de Compostaje Institucional (PCI) es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este marco, se espera que las provincias, municipios, organizaciones y demás entidades públicas y/o privadas adhieran al proyecto. El núcleo del mismo es plantear “una estrategia de gestión de valorización para los residuos orgánicos”, con el fin de optimizar recursos, reducir la huella de carbono y fomentar la economía circular.
El ministro de la cartera, Juan Cabandié, firmó la Resolución 104/2023 publicada este martes en el Boletín Oficial. La Ley 25.916 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Entre estos se encuentran los de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional
Esto se debe a que “la gestión ambientalmente adecuada de los residuos generados en instituciones resulta una cuestión de vital importancia”. Por lo tanto, “se ha advertido la necesidad de ofrecer una herramienta metodológica sobre la temática que estipule lineamientos apropiados de gestión, a fin de cumplir con criterios estandarizados de sustentabilidad”.
Sobre ese punto, se advirtió que “a la fecha existen numerosos documentos confeccionados por diferentes organismos públicos relativos a la gestión de residuos orgánicos domiciliarios, pero no así de aquellos derivados de las actividades institucionales”.