Ley Ómnibus, un paso atrás en el acceso a la educación pública

El proyecto de ley libertario no sólo acrecienta el malestar social, sino que pretende evaluar a docentes y extranjeros sin radicación permanente, poniéndoles un freno para su desarrollo educativo. Nota al Pie te cuenta los cambios previstos en la educación pública.

En el marco de un clima social caldeado, tras el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el presidente Javier Milei subió la “apuesta” y sumó el lanzamiento de un proyecto de Ley con el fin de terminar de arrasar con gran parte de la sociedad argentina.

El miércoles el gobierno libertario presentó al congreso el proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. El mismo propone de entrada que las facultades legislativas sean concentradas por el poder ejecutivo debido a una “emergencia”.

En ese carácter, el documento suma y explaya varias cuestiones expuestas en el DNU de la semana pasada. En consecuencia, la catarata masiva de reacciones de diferentes frentes de la población continúan casi de forma diaria.

En este contexto crítico económico y social, desde Nota al Pie te comentamos algunos de los cambios centrales que plantea el gobierno actual en materia de Educación.

Un freno a la educación pública

La Ley ómnibus cuenta con 664 artículos y varias secciones en el apartado de educación. La tercera sección es una de las que levantó polémica por la prohibición de que extranjeros sin residencia permanente puedan acceder a la educación universitaria sin costo.

educación Ley Ómnibus
Para entrar a la universidad pública se podrá optar por un examen o un curso nivelador. Crédito: CTA.

El artículo 553 establece la sustitución del artículo 2 de la Ley N° 24.521. Esta plantea que los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todo ciudadano argentino nativo o por opción. Asimismo, se permite acceder a la gratuidad a extranjeros que cuentan con residencia permanente en el país.

Asimismo, el documento sostiene que las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales podrán “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos.

Sobre lo mencionado, una estudiante brasileña de la Universidad de Buenos Aires comentó a Nota al Pie que está agradecida que Argentina le dio la oportunidad de acceder a una «educación de excelencia gratuita, y la mejor de la América Latina».

Asimismo, considera que ellos también tienen costos. “Pagamos alquileres con precios altísimos porque no tenemos garantías. Pagamos todos los impuestos, alimentos, muchos tienen planes de salud. Aprovechamos la oportunidad de ir a estudiar pero no nos sale 100% Gratis” explica la estudiante de medicina.

Evaluación a docentes y alumnos

En primera instancia, plantea los criterios sobre la formación docente. Además, propone que les docentes pasen por un examen que certifique las capacidades y conocimientos adquiridos. La evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país”.

En esa misma línea, les docentes tendrán que revalidar sus conocimientos a través de evaluaciones cada 5 años.  A su vez, les alumnes también serán evaluados de forma periódica en lecto-compresión, matemáticas, y otras materias que decida el Ministerio de Capital Humano. Aquelles alumnes que se egresen de la secundaria tendrán una evaluación obligatoria como censo.

educación
Parte de la comunidad educativa se opone a las propuestas de Javier Milei. Crédito: Télam.

Evaluación de universidades

Por otra parte, el proyecto establece que las instituciones de nivel superior tendrán evaluaciones como mínimo cada 10 años. Dichos balances estarían a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o de entidades privadas constituidas con Las recomendaciones para el mejoramiento institucional que surjan de las evaluaciones tendrán carácter público.

En tanto, la financiación de las instituciones de gestión estatal estaría sujeta según la cantidad de alumnos matriculades, el tipo de carrera, el área de formación y el número de egresados.

Según el proyecto, “los montos correspondientes para cada institución serán determinados anualmente en el presupuesto anual general de la administración pública nacional, y su distribución se realizará de forma pública y transparente”.

FUENTE: NOTA AL PIE

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