Milei elige a su primer enemigo en el Poder Judicial: la justicia laboral

Patricia Bullrich dijo que es una Cámara «insoportable» y Rodolfo Barra, el jefe de los abogados del Estado, acusó a los jueces de tener un sesgo en favor de los sindicatos. El revival de un viejo encono macrista y el repudio de las entidades que agrupan a magistrados y abogados laboralistas.

El gobierno de Javier Milei escogió a su primer enemigo en el Poder Judicial: la justicia laboral. La semana pasada, la administración de La Libertad Avanza (LLA) recibió su primera derrota fuerte en los tribunales cuando la Cámara Nacional del Trabajo frenó el capítulo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que recorta derechos a los trabajadores y las trabajadoras. La ira no se hizo esperar. Patricia Bullrich dijo que era un tribunal “insoportable” y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, acusó a los magistrados de tener un “sesgo” en favor de los sindicatos.

El gobierno estaba envalentonado con su estrategia para defender el DNU. Barra estaba convencido de que todo terminaría rápidamente en el fuero contencioso administrativo, un terreno que conoce bien y desde donde concentraría la defensa del decreto. Sin embargo, la Cámara del Trabajo habilitó la feria y después dictó las medidas cautelares que habían sido pedidas por la CGT y la CTA. Después el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico desarmó el proceso colectivo que había armado su colega Esteban Furnari, y la estrategia de la administración de LLA empezó a sufrir traspiés.

Barra fue el primero en salir a quejarse de los camaristas laborales José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, a quienes acusó de actuar con un sesgo favorable a los sindicatos. Desde el ministerio de Justicia que capitanea Mariano Cúneo Libarona salieron a sembrar dudas sobre los magistrados al decir que debieron haberse excusado por tener relaciones personales con las partes. Pero fue la ministra de Seguridad quien pisó el hormiguero. Bullrich dijo que la Cámara del Trabajo era ya insoportable cuando ella era la ministra de Trabajo de la Alianza –cuando recortó el 13 por ciento a las jubilaciones– y que es un tribunal “absolutamente tomado”.

La primera respuesta a Bullrich llegó desde la Asociación de Magistrados, insospechada de tener antipatías hacia las administraciones más conservadoras. Desde la entidad que preside el camarista federal Andrés Basso –uno de los jueces que condenó a Cristina Fernández de Kirchner–, repudiaron las “graves descalificaciones” de la ministra y dijeron que atentan contra la independencia judicial.

Creada como consecuencia de la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo, la justicia laboral no aparece como uno de los campos prioritarios para LLA. Cúneo Libarona no mantuvo contacto con las autoridades de la Cámara –como sí lo hizo con los integrantes de la Corte Suprema, de la Cámara Federal de Casación Penal o con entidades como la Asociación de Magistrados o la Asociación de Fiscales.

Pesea ello, la justicia del trabajo es un fuero de importancia. La Cámara Nacional del Trabajo está dividida en diez salas y hay 80 juzgados de primera instancia. El gobierno de Milei tiene 22 vacantes para llenar: 14 de jueces y ocho de camaristas. En el Consejo de la Magistratura –adonde Milei aún no designó a su representante–, hay dos concursos en marcha. Si a LLA le salen bien las cosas, no deberá cubrirlos porque es un fuero que está contemplado en el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires incorporado en el proyecto de ley ómnibus. La reconversión de jueces nacionales en jueces locales es resistida por la mayoría de entidades judiciales –y promovida por Bullrich y Mauricio Macri.

la presidenta de la Cámara Nacional del Trabajo, Gabriela Vázquez, procuró no entrar en polémica. “Siempre la Cámara del Trabajo se ha pronunciado con independencia. Hay que dejar trabajar a los jueces respetando la división de poderes de acuerdo a la ley y la Constitución”, respondió.

El juez bonaerense Juan Orsini es el presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), que reúne a magistrados laborales de todo el país. Él también expresó su rechazo a los dichos de Bullrich y compañía. “Nos genera preocupación que funcionarios de tan alto rango hagan declaraciones que buscan ensuciar en su honorabilidad jueces muy prestigiosos y reconocidos. Estas declaraciones buscan sembrar un manto de sospecha sobre profesionales idóneos”, dijo.

Natalia Salvo, la presidenta de la Corriente 7 de julio de Abogados Laboralistas, coincide: “El gobierno ataca a la justicia del trabajo porque es la que protege los derechos sociales, que es la línea de flotación a la que le pega todo gobierno neoliberal”.

La batalla por mantener a flote al DNU está recién comenzando; las disputas con la justicia del trabajo parece que también.

FUENTE: Página 12

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