La Mesa de Articulación de Niñez elaboró un documento con todas las justificaciones sobre su rechazo a las reformas propuestas por el actual presidente libertario. Será enviado a la Cámara de Diputados y Senadores, solicitando se arbitren las medidas necesarias para rechazar el DNU, la Ley Ómnibus y el Protocolo Antipiquetes. Esto se debe a que consideran que afecta derechos de las infancias y adolescencias consagrados por el Estado Argentino.
Está integrada por más de 400 referentes, redes, organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales, religiosas y políticas, trabajadores, militantes y defensores de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNyA) de todo el país. Nota al Pie elaboró un listado de los derechos ya adquiridos que se verían afectados.
Una regresión de los derechos de NNyA
Desde la Mesa de Articulación de Niñez sostienen que, a partir de su potencial aplicación en un contexto de grave crisis económica, los derechos de las niñeces y adolescencias están en peligro. Creen que estas medidas producen una regresión de los derechos de NNyA. “Los Estados deben proveer en forma creciente recursos y reconocimiento de derechos. Este principio de progresividad se complementa con el principio de prohibición de regresividad o irreversibilidad. Dispone que, logrado el avance de los derechos, los Estados no pueden retrotraer, disminuir, ni regresar a un estadío anterior el estándar de derechos alcanzado”, indican en el documento.
“El paquete de medidas impulsadas afectan a las familias trabajadoras y las protecciones estatales en la economía y el medioambiente. También precarizan la vida de NNyA bajo su cuidado. De modo que hacemos nuestras las observaciones que, desde los diferentes ámbitos afectados, se han denunciado y atentan contra las redes vinculares y de crianza que habitan y les dan sostén”, sostienen.
La oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia
Uno de los derechos en peligro es el derecho a la vivienda a través de la derogación de la Ley de alquileres. Además, “afecta de diversas formas los derechos económicos de NNyA y sus familias, a partir de las modificaciones que establecen una clara flexibilización laboral con reducción del régimen de indemnizaciones entre otros. O cuando se eliminan normas de protección para los derechos de usuarios y consumidores. Por ejemplo, derogando la ley de góndolas, que cumplía funciones protectoras de empresas pequeñas y familiares”.
También se ven amenazados al liberar los precios sin ningún tipo de limitación respecto de aquellos que integran la canasta básica, y al permitir la retención de mercadería de acuerdo a necesidades financieras y no sociales y comunitarias. “A su vez, desregula las producciones regionales afectando a las economías locales y familiares en función de la quita de los sistemas protectorios que las legislaciones derogadas suponen”, señalaron. Estas medidas inciden directamente en las condiciones de vida de las familias que viven de economías populares y en el acceso al derecho a la alimentación de los NNyA.
Al desregularse la actividad minera, se eliminan muchos controles estatales y los mecanismos de transparencia. Al afectarse los derechos ambientales de protección internacional y regional, se exponen a las niñeces y adolescencias a un ambiente insalubre. Asimismo, al liberarse el precio de los combustibles, los afectará el aumento de los precios del transporte. En cuanto a la derogación de la Ley de tierras, impacta en el acceso al agua potable y recursos hídricos.
Además, “amenaza la continuidad y permanencia de los pueblos originarios en sus territorios” al permitir el aumento de la extranjerización de las tierras. “El impacto en la vida de las familias y particularmente de los NNyA generará migraciones forzadas, desarraigo y la pérdida de identidad”, afirman.
Por otro lado, “al derogarse la ley 26.682, el derecho a la salud deja de tener un interés nacional estratégico, a la vez que se liberan los precios de la medicina privada y prestaciones básicas”. Esto favorece a la medicina prepaga, mientras que las obras sociales se verían desfinanciadas. Lo mismo ocurriría con la producción pública de medicamentos, ya que la derogación de la Ley 27.113 posibilita realizar concesiones a las corporaciones farmacéuticas. El recorte en materia de jubilaciones impacta en los hogares con NNyA sustentados por quienes perciben jubilaciones y también a NNyA con discapacidad.
Objeciones a la Ley ómnibus
La medida implica que, en caso de encontrarse una persona menor de trece años sin estar en compañía de sus progenitores, tutores o representantes legales, o si está en situación de peligro inminente, la autoridad pública deberá avisar al Organismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero desde la Mesa se oponen ya que “implica vedar a NNyA su derecho a la libertad ambulatoria”, debido a que “el mero hecho de que se encuentren en la vía pública no significa que sus derechos se encuentran vulnerados”.
“Todo esto va en línea con las contenidas en el Protocolo del Ministerio de Seguridad, que veda el derecho de NNyA a asistir a manifestaciones, y criminaliza la libertad de expresión, a organizarse políticamente y el derecho a la protesta”, agregaron.
“El proyecto del Ejecutivo intenta borrar del mapa político y social a las mujeres y a las diversidades porque la opresión en base al género no existe para el actual gobierno”, aseguran. Las situaciones contempladas en la Ley de los 1000 días ahora “son abordadas inadecuadamente con un enfoque de control social e ideológico por sobre las personas gestantes”. Se aboga por la “continuidad de embarazos adolescentes no deseados, judicializando y criminalizando las interrupciones voluntarias de embarazo. Esto aún contra la voluntad de quienes llevan el embarazo, exponiendo la salud e integridad física, psíquica y emocional de niñas y adolescentes”.
Al modificarse la Ley Micaela se pasa a un concepto crítico que es el de “violencia familiar”. “No sólo desconoce el desequilibrio entre géneros, sino que, además, desdibuja el hecho mismo que dio lugar a la necesidad de su sanción, que es la violencia cometida por motivos de género. En cuanto a modificaciones en educación, incorpora los estudios a distancia a partir del segundo ciclo de la escuela primaria. Esto “amenaza el derecho de NNyA a la participación, a la inclusión y a la convivencia social y cultural”.
En pandemia quedó comprobado que en los barrios populares el 80% de la población tuvo dificultades en el acceso a las plataformas educativas. Además, en las escuelas hay un fuerte rol de acompañamiento, y los comedores garantizan al menos una comida al día. El nuevo examen final obligatorio en la secundaria puede “profundizar las brechas sociales y educativas de la desigualdad, hoy existentes”.
FUENTE: Nota al Pie