Patricia Bullrich, el show de los aprietes y la Línea 134

El Ministerio de Seguridad nunca entregó la información sobre las denuncias que Bullrich dijo que se recibieron en la línea telefónica abierta para recabar planteos de personas forzadas a participar de protestas. La fiscalía de Gerardo Pollicita ya pidió los datos dos veces, sin resultados.

El Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, nunca le entregó a la fiscalía de Gerardo Pollicita la información que le requirió ya dos veces sobre las denuncias recibidas en la línea 134 referidas a supuestos aprietes y extorsiones de organizaciones sociales y sindicales para participar de protestas. La ministra promueve los llamados -que pueden ser anónimos- a esa central telefónica como parte de su estrategia para amedrentar frente al paro y la movilización que convocan mañana la CGT, la CTA y la UTEP. Afirmó incluso que reciben mil llamados por día, pero no aportó precisiones a quienes investigan en tribunales lo que su propia cartera denunció. Otro eje de su ofensiva son las multas a los gremios, movimientos sociales y fuerzas políticas por los gastos que demandan los operativos. Una dato curioso: Martín Siracusa, el funcionario que suscribió las cartas documento en reclamo de millones en realidad no tenía cargo al firmarlas. Su designación (como secretario de Coordinación Administrativa) fue el viernes último. Eso sí, es retroactiva.

Como la misma Bullrich acentuó, el punto de partida para atacar la protesta es el «protocolo antipiquetes» que una vez más advirtió que aplicará mañana. En el texto retocado de la Ley Ómnibus, el espíritu de esa norma quedó intacto. El protocolo, en esencia, convierte cualquier protesta en delito, sanciona cortes de calle aunque dejen una vía de circulación, castiga en especial a quienes sean identificados (según la vara del ministerio) como organizadores, y en el proyecto legislativo eleva hasta hacer no excarcelables las penas de los delitos que se aplican como excusa para detener gente en marchas, y amplía las facultades policiales para disparar en «legítima defensa» e impide que familiares de víctimas de gatillo fácil sean querellantes.

El gobierno de Javier Milei la tiene a Bullrich como vocera antihuelga y movilización, lo que convierte la protesta en un asunto de seguridad para dejar en segundo plano que su objetivo es reclamar al Congreso que rechace el DNU y la Ley Ómnibus. El Poder Ejecutivo no tiene diálogo con las centrales obreras y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, hasta dice que analiza denunciar a los promotores de la huelga por daños y perjuicios, algo nunca visto. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí abrió canales de conversación con la CGT frente a las movilizaciones.

Línea 134

La difusión por parte de Bullrich de la línea 134 pretende reforzar un estigma sobre las organizaciones sociales según el cual la gente se moviliza bajo presión, por temor a perder planes sociales. La ministra dijo este tipo de cosas el fin de semana: «Les dicen ‘tenés que venir a trabajar y a las 12 te subís al micro o te subís al tren y te vas al paro porque te vamos a estar mirando’ (…) Todo está organizado para que a la gente la lleven como si fuera ganado».

Después de la movilización por el 20 de diciembre, el Ministerio de Seguridad hizo una denuncia por posible extorsión y defraudación, que es la que quedó a cargo de Pollicita, delegada por el juez Sebastián Casanello. Un informe sobre el operativo de ese día que difundió Seguridad decía que habían recibido 15.900 llamados al número 134, que separaron 1100 por posibles delitos y que identificaron a 32 personas que fueron denunciadas.

La fiscalía le pidió al Gobierno el detalle de todas las llamadas: el primer oficio fue enviado en diciembre y la reiteración fue la primera semana de la feria. Fuentes de la causa informaron que no hubo respuesta alguna. No está claro ni el contenido, ni el origen ni la veracidad de las llamadas, pero Bullrich afirma que hay mil por día como si fueran mil delitos que, de existir, tampoco se pueden investigar porque no envía la información. Tampoco está claro aún el papel de las personas señaladas.

La factura

Tal como habían anunciado el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la misma Bullrich después de las movilizaciones de diciembre, hubo agrupaciones, movimientos sociales, fuerzas políticas y gremios que recibieron el reclamo del pago por los costos del operativo de seguridad que el Gobierno decidió desplegar frente a la protesta. Las cartas documento enviadas lo llaman «pago solidario» pero como es evidente son multas que forman parte del repertorio de Bullrich para atacar las protestas contra el ajuste y el desguace del Estado.

Las intimaciones de estas características por cifras de hasta casi 63 millones de pesos fueron rechazadas por las agrupaciones destinatarias, por considerarlas inconstitucionales, improcedentes e ilegítimas. Que se deba pagar por los gastos policiales no existe en ninguna ley, por lo tanto -en la línea mileísta- sería un ministerio que se pone a legislar, para cercenar las protestas. Las respuestas a las cartas documento plantean que se trata de otra medida represiva contra los derechos de asociación, reunión y libertad de expresión.

Entre los destinatarios de las multas hubo quienes advirtieron que las cartas documento del ministerio las suscribía como «funcionario a cargo de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad», Martín Siracusa. Fueron enviadas entre el 9 y 10 de enero. Sin embargo, su designación fue publicada recién el viernes último en el Boletín Oficial. Es retroactiva al 2 de enero. Más allá de las improbables consecuencias legales, es una muestra más de cómo se mueve el Gobierno de La Libertad Avanza y sus socios. Siracusa es un hombre de alta confianza de Bullrich. Es secretario del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que ella preside, y que había sido denunciado como canal para financiar su campaña presidencial con almuerzos y charlas, principalmente con empresarios.

El operativo

La CGT informó una reunión con el Ministerio de Seguridad porteño y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires «para consensuar cuestiones de seguridad y organización» –decía– para la movilización de este miércoles. En el encuentro estuvieron los dirigentes de la central Héctor Daer y Andrés Rodríguez, el ministro Waldo Wolff y el jefe de la policía local, Diego Kravetz. El texto de los representantes sindicales dice que se acordó ingresar desde 9 de julio por Avenida de Mayo hasta la Plaza Congreso «garantizando la circulación de bomberos, ambulancias, autos con emergencias y el ingreso y egreso de frentistas en toda la plaza». Pidieron poner el palco sobre la Avenida Entre Ríos, dejando espacio para la circulación y que se ejerza control «sobre el accionar de las fuerzas de seguridad operativas en el lugar para garantizar el desarrollo pacífico del acto sin  provocaciones ni agresiones».

Desde el gobierno porteño dicen que fueron enfáticos en pedir que se llegue a la plaza por la vereda y que tienen buena predisposición para que se ejerza el derecho a la manifestación pacífica. Sobre el comunicado acotaron en tono crítico que la circulación la garantizan ellos. En el encuentro, la CGT dijo calcular más de 100 mil manifestantes. En la Ciudad creen que será la mitad. Wolff estuvo reunido por la mañana con Milei. El operativo lo organiza la Ciudad pero será articulado con el gobierno nacional y las fuerzas federales, con las que ya hubo roces. Por lo pronto, éstas últimas se ocuparían de lo accesos a la Ciudad. Mientras, Bullrich insiste con el protocolo y su propio protagonismo.

FUENTE; Página 12

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