El organismo publicó un comunicado donde manifiesta su aversión a las modificaciones del DNU, que incluye la desaparición del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.
Tras los rumores de que dentro de las últimas modificaciones a la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” le habían agregado el cierre de la Defensoría del Público, sus representantes rechazaron esta idea y le solicitaron al Congreso Nacional que les dejen formar parte del debate, como lo hicieron el resto de los organismos.
La preocupación llegó porque uno de los artículos de esta nueva versión de la Ley Ómnibus establece: “Deróganse los artículos 19, 20, del Capitulo IV, Titulo II de la ley 26.522”. Estos dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, justamente, son los que detallan la creación y el funcionamiento de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
¿Qué dijo la Defensoría del Público?
Elles destacaron que son un organismo que desarrolla sus funciones en el marco del Poder Legislativo y que se Defensora, Miriam Lewin fue nombrada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización y tiene mandato vigente hasta el próximo 24 de junio.
“Un organismo de derechos humanos que escucha a las audiencias, atiende sus reclamos y defiende su derecho a expresarse y a estar bien informadas, no puede ser disuelto simplemente por una línea de una ley”, manifestaron en su comunicado. Y solicitaron “enérgicamente a las diputadas y diputados poder ser escuchados” y les pidieron que conozcan el trabajo que hacen, antes de votar este proyecto.
En el comunicado también explicaron que cuentan con personal especializado que trabajan para dar respuesta a los reclamos de las audiencias y que capacitan a “periodistas, agencias de publicidad, organismos de la sociedad civil, radios, canales de televisión, a pedido de los medios de comunicación más diversos”.
¿Cuáles fueron las repercusiones?
Esta sería una idea de la diputada del Pro, Silvana Giudici, que ya lo había propuesto previamente. Ella festejó estas modificaciones en “X”, porque cree que con la disolución de la Defensoría podría mantenerse el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional del Teatro. También celebró el cierre del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).
La diputada señaló sobre el FOMECA, que “insumió 2.028.505.145 en los últimos 3 años para solventar cooperativas vinculadas al kirchnerismo, ONG’s de la ley de medios, radios originarias y organizaciones militantes”. Estas cifras fueron criticadas y desmentidas por varias organizaciones y se ve en el relevamiento que realizó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
La Coordinadora Nacional de Televisora Alternativas destacó que “la política pública del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), ejecutó $1.688.720.243 en 10 años de gestión, que se distribuyeron entre 692 entidades ganadoras a través de concursos analizados por jurados”.
Martín Becerra, investigador Conicet y Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Sociales en la Universidad de Buenos Aires, en la plataforma “X” también criticaron lo dicho por Giudici. De Charras destacó que “la Defensoría no tenía potestades para perseguir a nadie y el FOMECA no asignaba por procedencia política” porque había jurados y los fondos se rendían. Y, a su vez, dio a entender que la diputada sabía como funcionaba porque fue funcionaria de ENACOM.
FUENTE: NOTA AL PIE