El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, -dependiente del Ministerio de Economía encomendado a Luis Caputo– anunció este lunes la derogación de 69 normas relacionadas a los programas de control de precios y sus regulaciones, como parte de una primera etapa de relevamiento que se profundizará con otras medidas. De este modo, el Gobierno avanza con la desregulación y descontrol de precios que benefician a les grandes empresaries, mientras que les consumidores sufren constantes impactos económicos por las políticas liberales.
Según aseguró el funcionario mediante un comunicado, el objetivo principal de la medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 51/2024, es “disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio”.
Entre las principales normas derogadas se encuentran el programa Precios Justos, Ley de Góndolas, y Ley de Abastecimiento. Cabe resaltar que, al momento de dictar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Javier Milei había anunciado la derogación de las leyes vinculadas al control de precios.
Para la Secretaría de Comercio, las 69 medidas que derogaron “obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado”. Pero, ¿qué rol cumplían? Por un lado, la Ley de Abastecimiento habilitaba al Estado a fijar precios máximos y sancionar a las empresas que subieran los precios de manera “injustificada”. Mientras que la Ley de Góndolas controlaba que los comercios de venta minorista ofrecieran una variedad de marcas de cada producto, ofreciendo mayor competitividad.
Además de las normativas relacionadas a la regulación de precios, la supervisión y el cumplimiento, el gobierno libertario impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales a grandes supermercados; normal vinculadas a la intervención de precios en las instituciones educativas privadas; la regulación de los frigoríficos; y el régimen de sobreendeudamiento de los consumidores.
La posición del Gobierno
Desde la Secretaría de Comercio aseguraron que el sentido de estas medidas es “simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”, así como “simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado”.
En este marco, se procedió con la derogación de las Leyes de Metrología, Abastecimiento, Lealtad Comercial, Defensa del Consumidor, Tarjetas de Crédito, Ley de libros, Regulación de la Medicina Prepaga, Observatorio de Precios, Conciliación, Ley de talles, y Ley de Góndolas. “Se trata de regímenes de comercio interior que eran utilizadas para condicionar al sector privado”, aseguraron fuentes oficiales.
Respecto a la derogación del Sifre, el sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, el régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios- instaurado por el gobierno de Alberto Fernández-, desde el organismo aseguraron que “generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos” tanto al Estado como a las empresas. Además, aseguraron que fueron utilizados como “herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior”.
En cuanto al programa de Precios Justos, finalizado el 8 de diciembre, insistieron en que fue una herramienta que sirvió para “distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas, en nuestro país”. También se avanzó con la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, con la intención de dejar “ese tipo de políticas” en manos de los gobiernos provinciales en función de atender los desafíos de cada economía regional.
Por otra parte, se derogaron medidas vinculadas a la intervención estatal en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de administración privada. Así como la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de les consumidores, que según denunciaron desde la Secretaría “violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores”.
Les acompañantes de la medida
Funcionaries del gobierno de Milei acompañaron la decisión compartida por Lavigne y consideraron que las regulaciones “distorsionaban y controlaban innecesariamente” el mercado. En esa línea aseguraron que de este modo “habrá mayor transparencia”.
El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, destacó en su cuenta de X a la Secretaría de Comercio por la eliminación de “60 resoluciones soviéticas diseñadas para complicar al sector privado”. Además, insistió en que de esta manera habrá “menos burocracia, más transparencia y mayor libertad en beneficio de los consumidores”.
Mientras que el jefe de asesores de la Secretaría de Comercio, Santiago Migone, afirmó desde su cuenta de X: “Hoy publicamos la derogación de más de 70 normas que distorsionaban y controlaban innecesariamente el comercio interior, además de normas que reglamentaban las derogadas leyes de abastecimiento y góndolas”.
Por su parte, Mario Grinman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), mostró su entusiasmo por la derogación de las normativas. “Días atrás habíamos solicitado al secretario de Comercio que se pusiera a fin a esquemas tales como el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica”, advirtió. En ese marco, aseguró que aquellas medidas “al obligar a las empresas a reportar mensualmente información sobre precios, ventas y stocks, consumía esfuerzos innecesariamente”.
FUENTE: Nota al Pie