La trastienda de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por la ley ómnibus

El viernes, después de 30 horas de debate, Javier Milei se quedó con una cáscara vacía. Consiguió, sí, la media sanción en general de una diezmada ley ómnibus gracias al acompañamiento del PRO, el radicalismo, el peronismo federal y las fuerzas provinciales, pero está lejos, aún, de quedarse con la ley. Antes de comenzar la pulseada en el Senado, falta la votación en particular en Diputados: el campo de batalla en donde se definirá si el gobierno podrá disponer de una plan de privatización de las empresas públicas o de facultades delegadas que lo autoricen a intervenir en materia económica o de seguridad sin pasar por el Congreso. O si podrá flexibilizar la ley de Glaciares o avanzar con los recortes a la Cultura. La Libertad Avanza no tiene el número para aprobar estos capítulos y fue por eso que tuvo que convocar a un cuarto intermedio hasta el martes. Necesita tiempo para terminar de negociar con la oposición y, fundamentalmente, necesita tiempo para darle una respuesta al gobernador Martín Llaryora, quien reclama fondos para su caja previsional y amenaza con hacer tambalear el corazón de la ley si no los consigue.

«Nosotros ya le dimos la llave, ahora es cuestión de que la agarren», deslizó, agotado, uno de los principales negociadores de la oposición amigable mientras abandonaba el despacho de Martín Menem en el primer piso del Palacio. Era viernes a la tarde, el recinto estaba a punto de aprobar – con 144 votos a favor y 109 en contra – el mega proyecto de Milei, y las negociaciones habían llegado (nuevamente) a un punto muerto. Se habían reunido, durante horas, emisarios del PRO – Silvia Lospenatto, María Eugenia Vidal -, del radicalismo – Rodrigo de Loredo, Alejandro Cacace – y de Hacemos Coalición Federal – Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Ignacio García Aresca – para puntear, con técnicos de LLA, las modificaciones que faltaban.

Los cordobeses – y, por lo tanto, el resto de HCF – reclamaban fondos para las provincias. Exigían la coparticipación del impuesto PAÍS, un tributo que grava las compras en moneda extranjera que inventó Alberto Fernández y que Milei aumentó apenas asumió. El presidente ya se había negado y necesitaban una voz autorizada con la cual negociar una alternativa. Hasta que Guillermo Francos no entró a las oficinas, los diputados del bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto decían que la sesión se caía. Si bien no se llegó a un acuerdo, HCF le propuso una alternativa al ministro de Interior: que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES garantizara el flujo de pagos a las cajas previsionales provinciales no transferidas. No todas, claro, porque eran 13 en total y sabían que Luis Caputo volvería a negarse, sino que para aquellas cajas que hubieran «armonizado» sus criterios con la Nación. Esto es: Córdoba y Santa Fe, gobernadas por Martín Llaryora y el radical Maximiliano Pullaro.

Francos había sido desautorizado ya públicamente por Milei y estaba en la cuerda floja, pero los diputados opositores necesitaban un interlocutor válido. Y Francos funcionaba como «paloma mensajera» de las fuerzas del cielo, un «traductor político» para los Caputo del gobierno mileísta. Teléfono en mano, conversando con otros funcionarios del gobierno, Francos aceptó elevar el reclamo. No tenía otra: los cinco diputados cordobeses que responden a Llaryora amenazaban con votarle en contra las facultades delegadas (un artículo frágil que podría caerse por pocos votos). Y no solo eso, sino que redoblaron la apuesta: si no había fondos para las provincias – o para Córdoba, al menos – le impondrían el tratamiento de la coparticipación del 30 por ciento Impuesto PAÍS. «Si nos siguen jodiendo le coparticipamos el impuesto PAÍS a las trompadas. Ya tenemos los 130 votos para hacerlo», aseguró un dirigente de HCF.

Ahí no hay diferencias políticas. Todos los gobernadores – peronistas, radicales y del PRO – están interesados en coparticipar el impuesto PAÍS y a HCF le costaría muy poco conseguir el número para imponerlo en el recinto (incluso podría conseguir los dos tercios que blindarían la iniciativa frente a un veto presidencial). Pero saben que sería una declaración de guerra contra el gobierno libertario y prefieren ensayar otras alternativas. Ese es el mensaje que le transmitieron a Francos y que bloquea, por estas horas, gran parte de las negociaciones.

Los artículos en disputa

La votación en particular de la Ley Ómnibus es un rompecabezas que LLA no logra resolver. El viernes, pese a la presión de Milei para finiquitar la discusión durante el fin de semana, LLA tuvo que terminar convocando un cuarto intermedio para aplazar la sesión al martes. El presidente se quedó, así, con una cáscara vacía de ley que carecía del aspecto más importante: la aprobación en particular de cada uno de los 363 artículos. El oficialismo no tenía el número asegurado para varios puntos y necesitaba tiempo para seguir negociando.

El capítulo más espinoso es el de privatizaciones. El gobierno ya había aceptado reducir el listado de las empresas públicas sujetas a privatización de 36 a 27 y las había dividido en cuatro paquetes, de modo de poder distribuir los votos negativos de forma tal que el rechazo a privatizar una empresa puntual no perjudicara a todo el paquete. La propuesta, sin embargo, no fue suficiente para el radicalismo, que tiene varias diferencias internas respecto a cuáles empresas privatizar y cuáles no – motivadas, en muchos casos, por los intereses provinciales de los diputados – y por eso viene reclamando tratar cada privatización como una ley distinta. Milei no quiere saber nada de eso: lo considera una derrota y es por ello que envío a Santiago Caputo a amenazar a los diputados opo oficialistas con bajar la ley si le bloqueaban las privatizaciones.

Hay nuevas propuestas de la UCR y HCF, pero ninguna termina de convencer a todos. Un sector liderado por Rodrigo de Loredo sostiene que es necesario un dictamen de la Auditoría General de la Nación para evitar la corrupción y las ventas «a precio ruin». Otros sectores en el radicalismo sostienen que el Congreso tiene que intervenir sí o sí de alguna manera – no solo con la bicameral como mecanismo de control -, mientras que hay otros que directamente se oponen a todo el capítulo de privatizaciones (liderados por Facundo Manes). Se está analizando, junto a HCF, de achicar aún más el listado de empresas sujetas a privatización – hay consenso para remover Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat – y, a su vez, agruparlas en paquetes más chicos (de modo de distribuir, cual tetris, los votos negativos). Pero Casa Rosada se resiste y resulta difícil llegar a un acuerdo.

Otro de los puntos en disputa es el de las facultades delegadas. La Coalición Cívica y el radicalismo encolumnado detrás de Manes ya adelantó que no acompañarán, por lo que el número está finito. Hasta ahora, LLA admitió reducir a seis las áreas sobre las que el presidente tendría facultades extraordinarias: económica, administrativa, financiera, tarifaria, seguridad y energética. En las últimas tres hay objeciones en la redacción – temen que Mieli pueda licuar algunos fondos fiduciarios – y demandan modificaciones.

Por fuera de privatizaciones y facultades delegadas – el alma de la Ley Ómnibus para Milei -, hay otros capítulos que podrían caerse de no cambiarse en el próximo par de días. Uno es la reforma del código penal que redactó Patricia Bullrich para criminalizar la protesta. En la UCR se oponen a elevar las penas para quienes cortan las calles, así como a los castigos para los «organizadores» de las manifestaciones. Karina Banfi (UCR) está al frente de los pedidos de modificación, pero desconocen aún si los aceptarán. Si LLA no los cambia, todo el capítulo podría caerse.

Quedan, después, dos temas que siempre parecieron a punto de modificarse durante las negociaciones que se daban en paralelo al debate legislativo pero que, finalmente, terminaron quedando iguales a la redacción original: el FGS de la ANSES y la deuda en moneda extranjera. El viernes, justo antes de la votación, el oficialismo dio marcha atrás en la supresión del artículo 196 que eliminaba el FGS, generando alarma en un importante sector de UxP. En el radicalismo y HCF aseguran, sin embargo, que fue acordado para poder reescribirlos y que el FGS continuará existiendo y que no se podrá transferir al Tesoro las acciones (aunque sí consolidar la deuda).

En el segundo caso, vinculado a las restricciones para tomar deuda, la UCR había llegado a un acuerdo con los técnicos de Casa Rosada que, menos de 24 horas después, Luis Caputo terminó dando de baja. El radicalismo defiende la «Ley Guzmán» que obliga a cualquier gobierno a tener que autorizar el endeudamiento en moneda extranjera a pasar por el Congreso, y apuesta a votarla en contra. Es probable que este artículo, con los votos negativos de UxP, la izquierda y algunos de HCF, se termine cayendo.

Por último quedan los capítulos ambientales y vinculados a la cultura. En el caso de la modificación de la Ley de Glaciares que habilita la explotación minera hay sospechas en algunos sectores del socialismo y la izquierda de que hay sectores de UxP que podrían acompañar, pero gran parte de la UCR se manifiesta en contra del artículo, así que, si bien el número está finito, hasta los opositores más amigables sospechan que se terminará bochando en el recinto. Algo similar sucederá con el capítulo de Cultura, que cuenta con el rechazo de toda la UCR y HCF: nadie cree que LLA vaya a poder aprobarlo en particular.

La negociaciones, mientras tanto, continúan vía Whatsapp, zooms y charlas informales. El lunes volverán a reunirse cara a cara en Diputados, con la esperanza de, el martes, ya llegar al recinto con la mayoría de los temas resueltos. Se especula que la votación en particular durará hasta el jueves y, ahí sí, iniciará una nueva etapa, con nuevos interlocutores, en el Senado de la Nación.

FUENTE: Página 12

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