No abordaremos aquí la culpabilidad dirigida, como se ha evidenciado en algunos actores sociales, sindicales y políticos que se habían autoconvocado al silencio en años donde la pérdida del poder adquisitivo por la inflación marginaba a quienes tenían un empleo formal, con peores repercusiones para aquellos que no recibíamos ese casi beneficio.
Durante el ballotage, escuchamos al actual presidente afirmar ser, un especialista en crecimiento económico con y sin dinero, y aseguraba saber cómo erradicar la pobreza, la indigencia y, sobre todo, la inflación. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿Por qué no lo hace?
la UCA expuso que, la pobreza aumento en comparación con diciembre del 2023, del 49,5% al 57,4% en enero. El INDEC dio a conocer que la inflación del primer mes fue del 20,6%, llevando el costo de la canasta básica a casi 600 mil pesos, una suma módica si la comparamos con los salarios de la casta política, que cuadriplica y supera ese número.
¿Será que al presidente y a su equipo económico les han pasado mal los datos en Excel? ¿Dónde dice que un jubilado cobra 106 mil pesos, escribieron 1 millón 6 mil? ¿En la columna de quienes perciben un potenciar trabajo de 78 mil pesos, lo pasaron como 780 mil? Y así sucesivamente con las pensiones, la AUH. Si no, es incomprensible el ataque constante y por qué esta franja de la “casta” paga el ajuste.
Nuestra objetividad trasciende a los partidos políticos, porque somos primero vecinas y vecinos. Debemos señalar que el ajuste no es producto de una fuerza política. A nivel provincial, el gobernador Kiccilof incluyó en su presupuesto la toma de deuda que se financia con el aumento de impuestos. Recientemente, los medios expusieron una compra de masitas secas compradas a través de una tercerización, pagadas a un precio mayor al que un consumidor final podría pagar en un supermercado. También se han expuesto municipios donde gran parte de los empleados no trabajaban, habían fallecido o vivían fuera del distrito e incluso de la provincia. Inconcebible.
A nivel local, nos enteramos que el Intendente Wesner no atendió la paritaria municipal, el transporte público ni el estacionamiento medido. Tras su asunción, se registran, según dichos de concejales, ingresos de nuevos empleados, algunos de ellos con domicilios fuera de nuestro partido. ¿Dónde quedó la gestión austera? ¿El valor de los empleados municipales? ¿No hay capacidad instalada en Olavarría que tienen que venir de fuera a gestionar? ¿Vendrán? Podríamos entender que el ingreso de nuevos empleados se financia con el aumento del 106% del impuesto municipal, pero podríamos considerar que sabían que no les sería suficiente. Por ello, desatendieron resolver la continuidad del estacionamiento medido, pretendiendo municipalizarlo y generar más fondos para sostener esa masa de nuevos empleados y facilitar la posibilidad de nuevos ingresos.
En la exposición pública de aquel presupuesto, en el HCD, también conocimos las sumas que ingresarían a las arcas municipales y que carecían de planificación en qué podrían ser invertidos, a pesar de que las promesas de campaña fueron ambiciosas a los oídos de sus potenciales receptores. Entonces, ¿Todo el dinero que ingrese a nuestro partido será de libre disposición para sostener empleados? ¿Para qué nuevos servicios a la comunidad?
Los gobiernos que se han hecho cargo del Estado, en lugar de ayudar a reducir la indigencia, promueven y contribuyen a crear las condiciones para sostenerla. Afirmamos nuestra postura de que todos han fracasado, es tiempo de alguien distinto.
LIBRES DEL SUR OLAVARRÍA