La primera funcionaria travesti-trans juró en el Poder Judicial

Desde que se reglamentó la Ley de Cupo Laboral Trans, se abrió un camino para la igualdad de oportunidades en la gestión pública. Gracias a ello, Cristina Montserrat Hendrickse comenzará a trabajar como Auxiliar Letrada en el Tribunal del Trabajo Nº 5, del Departamento Judicial de San Martín. Es la primera funcionaria trans en ingresar al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Con mucha emoción, Cristina Montserrat expresó: «No se trata solo de algo personal, sino de la visibilización de un colectivo históricamente ocultado, perseguido”. Señaló que esto se logró “gracias a la lucha de muchas que no están, como Lohana BerkinsDiana Sacayán y otras tantas que fueron históricas”.

Durante el acto de jura estuvieron presentes magistrades y funcionaries de la Departamental San Martín. También, dirigentes provinciales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), como Ruth Sahonero, Secretaria de Género Provincial, y María Pisano, Secretaria de Derechos Humanos. Además, contó con la presencia del Subsecretario de Asuntos Laborales Carlos Gil y el Secretario General  departamental Pablo Abramovich, entre otres dirigentes y compañeres de la Departamental.

“Esta importantísima incorporación es producto de la lucha que viene sosteniendo hace muchos años el colectivo travesti-trans, y que la AJB ha acompañado, llevando adelante cada pedido y reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”, señalan desde la AJB a través de un comunicado de prensa.

Cristina Montserrat Hendrickse
El viernes 12 de agosto, Cristina Montserrat Hendrickse juró en el nombramiento al cargo de Auxiliar Letrada. Estuvieron presentes en el acto magistrades y funcionaries. Crédito: Prensa AJB.

Marcar la historia

Además de ser activista transgénero y feminista, Cristina es abogada y profesora de secundaria. Cursó sus estudios secundarios en un liceo naval, y luego ingresó a la Escuela Naval Militar, de donde egresó como teniente de reserva. A continuación, estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires.

Luego de comenzar su transición, se presentó como candidata a jueza de familia en Neuquén, en el 2019, siendo la primera candidata trans a jueza. Además de luchar por la ley de cupo laboral trans, integra el Iuris Trans Argentina, que promueve el acceso a la justicia de las personas trans.

“Espero estar a la altura de la responsabilidad que me han confiado y de la carga que llevo de hacer quedar bien al colectivo, lo que me duplica la exigencia. Espero poder sacar lo mejor de mí y que me perdonen los errores que pueda tener para poder corregirlos”, manifestó durante su discurso luego del nombramiento.

“Es bienvenido que el Poder Judicial nos haya abierto las puertas a las integrantes del colectivo. Hay 5 hermanas que también están prestando servicios en este Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, donde se necesita también una reforma transfeminista, que ya se está llevando a cabo”, comentó. “Estoy agradecida a estos vientos de cambio positivos y de inclusión”, concluyó.

Cristina Montserrat Hendrickse
Para Cristina Montserrat, su cargo no se trata solo de algo personal, sino de la visibilización de un colectivo históricamente ocultado y perseguido. Crédito: anccom.sociales.uba.ar.

Ley de Cupo Laboral Trans, el camino a la inclusión

Cristina Montserrat destacó que “este trabajo se debe a una decisión política de aprobar la ley de identidad de género y la ley de cupo laboral travesti-trans”. En la Provincia de Buenos, la Ley 14783, de Cupo Laboral Trans, fue sancionada en diciembre de 2015 pero fue reglamentada recién a finales de 2019. “Gracias a esa ley nacional se me han abierto las puertas y los corazones de este poder judicial», agregó.

Esta ley estipula que el sector público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. También se deben establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por elles. Esto debe abarcar una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.