La sentencia es definitiva y otorga a familias que adquirieron derechos posesorios y luego avanzaron con la usurpación de toda la zona del pie de barrancas hasta Avenida España, la potestad de escriturarlas. Errores, desidia, olvido, «cajoneo» y veinte años de un juicio que sienta jurisprudencia riesgosa.
En la década del 90 quien desempeñaba tareas de remoción en el basural logró quedarse con un predio al pie de la barranca en zona privilegiada. Así, un pequeño sector se transformó con el tiempo en motivo de un largo pleito y una expansión edilicia que dio lugar a que otros vecinos lograran probar primero la posesión y ahora la propiedad de una gran porción de la costa.
Se trata de las familias de el ex contratista municipal Raúl Eduardo Calonge y su esposa Mirta Foyo, de la martillera María Marta Hidalgo y su hijo, el concejal Juan Cruz González y del resto de los mencionados en el fallo: Norma Di Napoli, Natalia Andrea Morán, María Graciela Calonge, Lucia Vellón y Amelia Suárez.
Hace pocas semanas la ex Asesora y ahora Concejal Paola Basso recordó una serie de acciones que habían quedado pendientes de decisión judicial y seguimiento cuando dejó su cargo. Este era uno de ellos, pero desde que el lugar fue usurpado y las edificaciones crecieron, pasaron varias gestiones de gobierno: Pángaro, Barbieri, Guacone y Salazar padre e hijo. Durante todo ese tiempo el litigio por la recuperación se mantuvo en favor de los sampedrinos.
Si bien los antecedentes se remontan a fines de la década del 80, el “error” que desencadenó el resultado adverso se cometió en 2017, cuando se modificó la definición de un bien público municipal por un bien privado. Sucedió en ocasión del recupero de todas las superficies costeras que van desde Mallorca al Tiro Federal a excepción del lugar que pertenece al obispado donde funcionó durante mucho tiempo la Dirección de Turismo Municipal. El estacionamiento de Pescadores es una concesión provincial y el resto era patrimonio público municipal y por ende propiedad de todos los vecinos de San Pedro.
El sábado por la mañana, el móvil de Sin Galera, recorrió el lugar y trazó la dimensión que se logró merced al avance de murallas y cercos que ampliaron el pequeño sector que ocupaban los habitantes originarios en pequeñas viviendas. De hecho, el primer litigante, Raúl Eduardo Calonge había comprado en el año 1987 los derechos posesorios a una familia de apellido Caffieri.
Desde el lugar, el periodista Rafael Flaiman explicó los alcances del fallo sobre el que además restan por fijar los honorarios de los abogados ya que serán fijados en relación a la valuación de los predios.
El litigio que tuvo su primer antecedente en diciembre del año 2004, entra ahora en el ritmo de las notificaciones y los derechos que puedan esgrimir todos aquellos que han construido en la zona. Otro capítulo triste para una ciudad que en lo que va del año ya sufrió dos impactos que involucran distracciones imperdonables: los terrenos de Arcor en la zona del Bajo Puerto y este sector estratégico para el turismo y la recreación.
Entre sus promesas de campaña en 2015, Cecilio Salazar había prometido pasar con la topadora por toda la costa para recuperar predios. No fue el único.