El proyecto de ley de Javier Milei declara la emergencia pública en todas las áreas económicas y busca concentrar un mayor poder en el Ejecutivo con el fin de implementar su programa de gobierno. Mientras se discuten las medidas, los precios sufren más aumentos.
Las últimas semanas del año fueron más movidas que de costumbre para la sociedad argentina. El período inicial del gobierno de Javier Milei estuvo cargado de medidas económicas, lo que evidenció que el libertario busca implementar de un plumazo y con poderes extraordinarios su programa de ajuste.
Para esto, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU),de fuerte desregulación de la economía que provocó cacerolazos, movilizaciones, pedidos de amparos judiciales y denuncias de inconstitucionalidad. Pese a los reclamos, el “decretazo” entró en vigencia este viernes, a la espera de que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación emitiera un dictamen al respecto.
Luego del DNU 70/23, el presidente afirmó que contemplaba aún más medidas y envió al Congreso la “Ley Ómnibus”, un paquete de normativas que le allanan el camino para ejecutar su programa gubernamental. Sin embargo, no sólo implica reformas estructurales para la economía, sino que, al igual que el decreto, lo hace avanzando sobre leyes consensuadas y derechos conquistados.
La búsqueda de concentrar el poder
El proyecto establece la emergencia pública en prácticamente todas las áreas de intervención estatal en la economía, por lo que otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios y la posibilidad de gobernar sin discutir sus proyectos en el Poder Legislativo, donde cree que no tendrá respaldo suficiente.
Entre otras transformaciones económicas, establece la privatización de más de 40 empresas estatales, la implementación de aranceles a estudiantes extranjeros de Universidades Nacionales, la eliminación de la movilidad jubilatoria y la disolución del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS), que financia las jubilaciones.
Además, profundiza la represión a la protesta social. En esta línea, cabe mencionar que la ley tiene tantos artículos (un total de 664), que su contenido se vuelve difícil de abarcar. Desde el punto de vista de la comunicación, esto podría ser una estrategia para dificultar el acceso a la información, el análisis y la crítica de las medidas de gobierno.
En esa línea, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), intentó mostrarse impermeable a los cuestionamientos de la oposición. De hecho, se hizo eco de un meme de las redes sociales que reza “No la ven”, en referencia a que quienes se oponen a sus políticas no entienden que podrían tener un impacto positivo.
Sin embargo, el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), para el 24 de enero podría hacerlo vacilar antes de continuar con una política económica que continúe perjudicando a los trabajadores.
Mientras tanto, la inflación sigue siendo el principal problema que azota el país. Llegando al final del 2023, frente a la eliminación de la regulación de precios, los laboratorios, las prepagas y las inmobiliarias preparan aumentos de entre 20% y 40%. Además, el ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, anunció un aumento del 110% del monotributo.
En el caso de los alimentos, los supermercados llegaron a un acuerdo con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, para aplicar un descuento del 20% sobre algunos productos de la Canasta Básica durante 60 días.
El mayor golpe al bolsillo tendrá lugar a partir del aumento de las tarifas: las empresas distribuidoras de gas solicitan un aumento del servicio de al menos 350%. Por otro lado, las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendrán un incremento del 45,24%. Esto quiere decir que el boleto mínimo saldrá $77, aunque aún no hay precisión sobre cuánto escalará en enero.
La única medida de seguridad social que decidió tomar el gobierno para sostener a la población fue otorgar un bono de $55.000 a los jubilados que cobran el haber mínimo, tanto en enero como en febrero. Sin embargo, manifestaron que podrían realizar aumentos mensuales si es que se aprueba el megaproyecto de Ley Ómnibus.
Con todo lo que sucede, el ambiente que se percibe en la calle es de pesimismo. Tanto quienes se oponen a las acciones del gobierno, como quienes creen que la sociedad debe hacer este sacrificio para mejorar en un futuro, coinciden en que la situación económica es dura y continuará empeorando.