Con el argumento de la emergencia, en Gobierno advierten que no tienen planeado extender el período de sesiones extraordinarias. Dicen que no dudarán en usar “otras herramientas constitucionales” si no obtienen respaldo suficiente en el Congreso y que avanzarán “a todo o nada” con las iniciativas.
Decidido a avanzar como sea con las dos medidas centrales del inicio del mandato, que generaron un terremoto político, el Gobierno avanzará “a todo o nada” con el DNU de desregulación de la economía y la ley Ómnibus. Duros en la posición de arranque de la negociación, empujan para aprobar el proyecto durante las sesiones extraordinarias y advierten que no están dispuestos a extender el período ni a hacer grandes concesiones.
Usarán como principal moneda de cambio el postergado proyecto para dar marcha atrás con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, una medida clave para los gobernadores que Javier Milei se había comprometido a impulsar asumiendo el costo político, pero que no presentará hasta que no le hayan asegurado respaldo.
“No se trata de un chantaje, es parte de la negociación política. Sería naif darles esa ayuda antes de que salga lo otro”, dijo, con tranquilidad, un funcionario del círculo del Ejecutivo. Hace diez días, en la reunión que le organizó el ministro del Interior, Guillermo Francos, con todos los gobernadores, el primer mandatario se había comprometido a revertir el tributo coparticipable, recortado durante la campaña de Sergio Massa para desgracia de los caciques del interior, cuyas economías dependen de esos fondos.
El Presidente les dijo, literalmente, que estaba dispuesto a “asumir el costo político” de dar marcha atrás con el alivio fiscal para 800.000 contribuyentes, que él mismo había votado en línea con el peronismo en septiembre, cuando era diputado. Sin embargo, y no casualmente, omitió definir el momento en que lo presentaría. Al día siguiente, los gobernadores vieron que no se había incluido el tema en el DNU de desregulación de la economía. Y, días después, que no había aparecido en el articulado del inmenso proyecto de ley llamado “Bases para la Libertad”. En la Casa Rosada informaron ayer que la fecha para avanzar dependerá de las negociaciones en el Congreso por los temas que más le importan a Milei.
En resumen, el Ejecutivo usará Ganancias para condicionar a las provincias y, en consecuencia, a los senadores y diputados, de quienes depende que el DNU no se frene en la Comisión Bicameral y que el proyecto de ley ómnibus se apruebe. Como mínimo, no entraría en el período de sesiones extraordinarias, por lo que no vería la luz, al menos, hasta febrero.
El manejo de los tiempos del proceso parlamentario es central en estrategia del jefe de Estado, que busca acelerar con el argumento de la emergencia, aunque en el fondo yace la urgencia de avanzar antes de que las consecuencias sociales del ajuste empiecen a caldear los ánimos de la opinión, un escenario que vislumbran y consideran inevitable. La fijación del 31 de enero como fin de las Extraordinarias fue justamente para no darles margen a los legisladores para estirar el debate. Y avisan que no cederán. Por caso ayer varios legisladores opositores moderados avisaron que el debate las iniciativas del oficialismo, por su envergadura y alcance, llevaría como mínimo tres o cuatro meses. En la Nación consideraron esos cálculos irrisorios. “Estamos en emergencia, no hay ningún tipo de posibilidad”, reaccionó un colaborador de Milei. E informó que no dudarán en usar “otras herramientas constitucionales”, como un nuevo decreto o un plebiscito si no obtienen respaldo suficiente en el Congreso.
FUENTE: Infobae
