Tras las polémicas por el DNU, Milei podría recurrir a un plebiscito: ¿qué es y para qué sirve?

En una entrevista, el presidente señaló que en caso de que el Congreso no aprobara su DNU iba a llamar a una consulta popular. En esta nota, te contamos qué significa esta herramienta, cuál es su utilidad y cómo se usó en el país con anterioridad.

El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cuál se convoca al pueblo a votar para aprobar o rechazar una propuesta o proyecto de importancia para el país, que debe estar relacionado a una cuestión legal o política. En Argentina está contemplado en el artículo 40 de la Constitución Nacional.

“Obviamente”, respondió Javier Milei cuando Luis Majul le preguntó en LN+ si llamaría a un plebiscito o una consulta popular en caso de que sea rechazado su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El presidente electo, luego, fue más específico y señaló que “el megadecreto tiene 75% de aprobación” y le pidió a diputades y senadores que le expliquen “por qué quieren algo en contra de la gente”.

¿Cómo funciona un plebiscito en Argentina?

En la Constitución Nacional las iniciativas y consultas populares se encuentran reglamentadas dentro del artículo 39 y 40 y fueron incorporadas en la reforma constitucional de 1994. Una consulta popular es un plebiscito que la Carta Magna separa en dos: vinculante y no vinculante.

Ambas opciones fueron reglamentadas en la ley 25.432 de 2001. Dentro de esta normativa, señalan como consulta popular vinculante cuando esta es convocada por el Congreso a iniciativa de la Cámara de Diputados. Esto se debe a que, en caso de obtener mayoría de votos válidos afirmativos, el proyecto se convertirá en ley y deberá ser publicada en el Boletín Oficial dentro de los diez días hábiles posteriores. En este tipo de consulta el voto es obligatorio.

Papeleta de la votación del plebiscito en 1984, donde se decidía si se firmaba el tratado de paz con Chile por el Canal Beagle. Crédito: Archivo Histórico.


Por el otro lado, las consultas populares no vinculantes entran dentro de lo que Javier Milei propuso el martes en LN+ y lo que ya había dicho que quería hacer con el aborto en medio de la campaña. Todo proyecto de ley que manden desde presidencia para hacer un plebiscito, en caso de tener voto válido afirmativo, no contará con la aprobación directa, sino que deberá pasar por el Congreso de la Nación. Además, no es obligatorio votar en este tipo de consultas populares.

En caso de que el Congreso rechace el DNU de Javier Milei, un plebiscito significaría un gasto de  25.000 y 30.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que deberán gastar en urnas, telegramas, lugares de comicios, efectivos que garanticen la seguridad y autoridades de mesa, entre otros.

El procurador del tesoro, Rodolfo Barra, brindó más detalles sobre esta idea de Javier Milei, entendiendo que es un plebiscito no vinculante: “Es muy importante porque indica la conformidad o disconformidad del electorado. Es una gran encuesta nacional y la decisión es una guía para el Presidente, para los legisladores”, declaró.

Antecedentes

El último plebiscito realizado en Argentina sucedió en 1984, durante el gobierno de Raul Alfonsín para decidir si se aceptaba el tratado de paz con Chile por el Canal  Beagle. Para convocar a la consulta popular no vinculante, el entonces presidente firmó el decreto 2.272 pero, como todavía no estaba en la Constitución, llevó a una discusión jurídica por su legalidad que terminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Finalmente, el 25 de noviembre de 1984 los argentinos salieron a las urnas para votar por si se aprobaba o no el tratado de paz. Se votaba en el lugar donde habían realizado el último comicio y no se necesitaba estar en el padrón. Ganó el “Sí” con el 82% de los votos y el Congreso terminó aprobando el acuerdo el 30 de diciembre de ese año.

Libres del Sur llevó al Congreso un millón 850 mil firmas para congelar precios de alimentos y tarifas de electricidad, gas y agua. Crédito: Estela García


Las diferencias con las iniciativas populares

Del otro lado de este tipo de consulta están las iniciativas populares. El artículo 39 de la Constitución señala que “los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados” y que estos deberán ser tratados dentro del término de doce meses.

La primera y única vez que se utilizó esta herramienta, desde que fue agregada a la Constitución en 1994, fue con la propuesta del Movimiento Libres del Sur para que los precios de los alimentos y las tarifas de electricidad, gas y agua sean congelados por un año.

Llegaron a juntar 1.846.597 firmas que llevaron al Colegio Electoral, más del doble de lo que indica la Ley 24.747 de Iniciativa Popular (pide un 1,5% del padrón lo que significaba 516.207 firmas). Sin embargo, desde el Congreso no recibieron las firmas.

FUENTE: Nota al Pie

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