Las excusas del Gobierno para hacer desaparecer las políticas de género

El secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo De la Torre, justificó las modificaciones de la Ley Ómnibus, que elimina la capacitación obligatoria en género para funcionarios de los tres Poderes del Estado y propone cambiar la definición de «violencia contra la mujer» por «violencia familiar». La inciativa fue criticada por exfuncionarios del Ministerio de las Mujeres y por la Fundación Micaela García.

El secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo de la Torre, aseguró este jueves que la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública y que ahora el Gobierno de Javier Milei pretende modificar mediante el proyecto Ley Ómnibus -cuyo nombre oficial es «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos«-«es noble pero no ha dado resultado». 

La afirmación tuvo lugar durante la exposición que el funcionario, férreo antiderechos, dio este jueves ante la Cámara de Diputados, que está tratando a las corridas y en solo tres comisiones (Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda) el paquete legislativo con el que Milei pretende eliminar cientos de derechos históricos y habilitar el negocio de poderosos grupos empresarios.

«Con respecto a la Ley Micaela, creemos que es una ley noble, pero no ha dado resultado. Tenemos más muertes que antes. Hemos invertido millones, hemos hecho un Ministerio de la Mujer. Nosotros proponemos que (solo) las personas que tienen competencia sobre esos temas se capaciten en forma obligatoria, y que lo demás sea optativo», dijo De la Torre ante la pregunta que hicieron algunos diputados y diiputadas sobre las modificaciones que el proyecto del Gobierno plantea para esta norma.

«Necesitamos en esta Argentina, que de alguna manera tiene un déficit de pobreza estructural muy grande, tratar de poner el dinero donde corresponde», agregó el secretario de Niñez y Familia, quien también justificó que en la ley se cambie el término «violencia contra la mujer» por el de «violencia familiar» ya que, justificó, «la violencia para nosotros no tiene géneros».

«El resultado no se mide solo en femicidios»

Cecilia «Checha» Merchán, referenta de la corriente política y social La Colectiva, integrante de la Editorial Chirimbote y ex secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -que el Gobierno de Javier Milei eliminó al llegar a la presidencia-, señaló que Pablo De La Torre está «muy equivocado«.

«Él considera que es una ley que no da resultados porque hay más femicidios que antes, cosa que no es real», afirmó Merchán en diálogo con Página/12. Además, siguió la feminista, «el resultado de la Ley Micaela no se mide en principio en cuántos más o menos femicidios hay sino que se tiene que medir en cuánta capacidad tiene el Estado de ir frenando ese avance de violencia que tenemos en la sociedad hacia las mujeres y las personas LGBT».

La norma también sirve, explicó la especialista, para lograr «que el Estado no sea violento. ¿Qué pasa cuando una mujer hace una denuncia o cuando llega a cualquier espacio del Estado? De qué manera es recibida esa mujer es fundamental para que no vuelva a vivir otra situación de violencia, en este caso una violencia de género institucional», amplió Merchán.

«Por lo tanto, la Ley Micaela es fundamental para que todo el Estado, en cualquiera de sus áreas, no reproduzca formas de violencia», porque «si nosotros empezamos a evitar todas las formas de violencia, si empezamos a trabajar desde siempre y en todos los ámbitos, ahí sí vamos a frenar los femicidios», planteó la referenta feminista.

Los femicidios, puntualizó Merchán, «no se frenan de un día para el otro sino que se frenan cuando cambiamos toda una cultura, toda una sociedad y por supuesto una cultura institucional, todo lo que pasa en el Estado, por eso es tan grave el modo en que está actuando este Gobierno, negando que la cultura de violencia que tenemos exista».

El Gobierno de Javier Milei «está haciendo exactamente todo lo contrario a lo que hay que hacer para que podamos ir frenando las formas de violencia y por lo tanto poder frenar los femicidios en un futuro, ya que niega que existan múltiples formas de desigualdad de género, que son las que generan la violencia», observó la referenta, y puso como ejemplo la postura del mandatario acerca de la inexistencia de la brecha salarial.

«Este gobierno solo habla de las violencias más extremas como si fuera algo que surge de manera esporádica y no dentro de un contexto. Pero no hay violencia extrema que no surja dentro de esta sociedad que es violenta y desigual. Entonces, lo que hace esta gestión es generar esas violencias negándolas: negando la desigualdad de género lo que crea es una negación de las violencias«, concluyó Merchán.

Los cambios a la Ley Micaela

La Ley N° 2.749, sancionada en 2018 y promulgada en 2019, lleva el nombre de Ley Micaela en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, quien al momento de cometer el crimen se encontraba con el beneficio de libertad condicional en el marco de una condena a 9 años por la violación de dos mujeres.

Actualmente, la norma establece en su artículo 1° «la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación«.

El proyecto de Ley Ómnibus enviado por Milei a fines de diciembre del año pasado pretende -entre otras modificaciones- acotar el rango de acción de la norma, para que las capacitaciones obligatorias «en la temática violencia familiar y contra la mujer» solo alcancen a «las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

Las críticas de la Fundación Micaela García

El 29 de diciembre de 2023, solo dos días después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de ley ómnibus, la Fundación Micaela García «La Negra», de la que forman parte Néstor «Yuyo» García y Andrea Lescano, papá y mamá de la joven víctima de femicidio, difundió un comunicado denunciando los cambios que la iniciativa legislativa propone respecto de la Ley Micaela.

«El proyecto intenta modificar seis artículos de la Ley Micaela, pero lo que a nuestro entender es más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la Ley«, ya que «lo que se pretende cambiar es que solamente van a estar obligadas (a capacitarse) aquellas personas ‘que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia’ y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes», alertó el comunicado, que luego fue acompañado en las redes sociales por un video de Yuyo García.

Esta ley, recordó la organización, «se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si tuvieran una mirada de género».

«El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional a Sebastián Wagner, violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no ‘se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia’ y, por lo tanto, no estaría obligado a capacitarse en Ley Micaela», advirtió la fundación en ese sentido.

Tampoco queda claro, puntualizó el grupo, quiénes diseñarán e implementarán los contenidos de la Ley Micaela, que «es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública».

A diferencia de lo que planteó este jueves el secretario de Niñez y Familia, la Fundación dijo que en los últimos años se han «visto cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza» hacia el futuro. 

«Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias. Creemos en la necesidad de trabajar en ese sentido porque la violencia de género no sólo se explica ni se resuelve desde lo judicial, sino en la prevención y el conocimiento que generan las capacitaciones en la Ley Micaela. Si hay un delito o crimen es porque llegamos tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre«, concluyó el grupo.

FUENTE: PAGINA 12

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *