Los próximos 22 y 23 de octubre, la ciudad catamarqueña recibirá a ambientalistas, científiques, artistas y activistas autoconvocades con el fin de defender los bienes naturales y los Derechos Humanos.
El departamento de Andalgalá, en el noreste argentino, será sede del Festival para los Pueblos: Puentes de Agua los próximos 22 y 23 de octubre. El objetivo del evento es plantear estrategias colectivas para defender los recursos naturales y para el cuidado del entorno ambiental.
El encuentro fue convocado por la asamblea El Algarrobo y el pueblo de Choya. Además, el mismo se viene planeando desde hace meses como respuesta a distintas causas.
Sobre el Festival para los Pueblos: Puentes de Agua
Uno de los detonantes fue la judicialización de un centenar de militantes que se expresaron en contra del proyecto Minera Agua Rica Alumbrera (MARA). El mismo está a cargo de las compañías Yamana Gold, Glencore y Newmont que planean extraer metales y minerales del yacimiento Agua Rica del Aconquija.
El caso emblemático que generó malestar entre les detractores del extractivismo en Catamarca fue la detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela, integrantes de El Algarrobo.
Distintas organizaciones del ámbito provincial y nacional advirtieron que uno de los riesgos del modelo minero puede afectar la reserva acuífera del glaciar y periglaciar del mencionado cordón montañoso.
“Puentes de Agua” reunirá militantes socio ambientalistas que se posicionan en contra la exploración sísmica en el mar; la mega minería metalífera; el agro negocio; el fracking; la deforestación y los grandes proyectos inmobiliarios. La finalidad del encuentro es intercambiar experiencias y pensar estrategias comunes de lucha para enfrentar los extractivismos.
Festival y proyectos alternativos
En simultáneo, el festival será acompañado por una feria de productores rurales, artesanes, proyección de documentales y muestras fotográficas. Tendrá lugar a tan sólo 17 kilómetros de Agua Rica.
Además, el domingo, día del cierre, se producirá un documento común para visibilizar la problemática y proponer alternativas al modelo minero impuesto sin consenso de la comunidad.
Si bien la lucha por la protección del medio ambiente lleva muchos años en la región del noroeste argentino, la resistencia de les militantes opositores al proyecto MARA y a otros emprendimientos, produjo muchas reacciones en los últimos tiempos.
Las modalidades de esa oposición van desde obstaculizar el avance de máquinas mineras, el bloqueo en el cerro para evitar la contaminación de las nacientes de agua hasta las caminatas que se vienen efectuando en los últimos doce años.
La represión como solución a la resistencia
El colectivo que nuclea a les defensores de los recursos naturales viene denunciando una persecución por parte del ejecutivo de la provincia, de empresarios y del poder judicial. A través de sus órganos de difusión, aseguran que el pueblo ha recibido balaceras por parte de la fuerza pública y hostigamiento de patotas parapoliciales.
Asimismo, repudian la detención ilegal de Karina Orquera, vecina de Choya y defensora del medio ambiente. Además, apuntan contra la justicia por la permanente orden de indagatorias, detenciones y allanamientos injustificados. Esta persecución jurídica es considerada como “violencia institucional contra pueblos y otra manera de justificar el Ecocidio, culpabilizando a las víctimas”.
Minería y secuelas sanitarias
Otra de las consecuencias denunciada está relacionada con la salud y tiene origen en la contaminación del agua, producto de la actividad de extracción. “A fines de marzo gran parte de la población de Choya se enfermó con problemas gastrointestinales. Según pudieron saber, luego de una atención hospitalaria, esto tendría relación con el agua que estaban consumiendo”, informaron.
Más tarde, se comprobó durante un acampe en Minas Capillitas, que las mineras habían construido en la cuenca del río Choya una escombrera enorme (algo similar a un espacio para alojar residuos, materiales y basura). La escombrera contó con la autorización previa del Gobernador de la Provincia de Catamarca, Raúl Jalil.
Aspectos legales y situación jurídica
La Constitución Nacional Argentina en su artículo 41 consagra el derecho a un ambiente sano. Las organizaciones ambientalistas consideran que la mega minería no genera un ambiente sano debido a la contaminación del agua, del aire y el suelo; por el uso de químicos y explosivos.
En este sentido, la comunidad de Andalgalá, sostiene que las autoridades (judiciales y administrativas de gobierno) no respetan el principio precautorio. A causa de que el mismo impide que se desarrollen proyectos “cuando exista peligro de daño grave o irreversible”.
La Ordenanza 029/2016, que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto o por galería en la cuenca alta del río Andalgalá fue declarada como constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que se pronunció a favor de la misma para “evitar un daño a futuro”.
No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia de Catamarca la declaró inconstitucional. Este fallo fue apelado por el municipio del departamento catamarqueño de Andalgalá y El Algarrobo. Sin embargo, el colectivo anti extractivista denuncia que las autoridades no respetan los tiempos procesales.