En el marco de otro ataque de parte del ejecutivo porteño contra la comunidad educativa, se promulgó la ley que regula la constitución y funcionamiento de las organizaciones. Nota al Pie dialogó con Pablo Cesaroni, integrante de “Cooperadores en Movimiento”, para conocer sus consecuencias.
El 17 de noviembre se sancionó, en la Legislatura Porteña, la norma que regula la constitución y funcionamiento de las cooperadoras escolares en Capital Federal. La disposición fue rechazada y es resistida por la comunidad docente, en tanto, se la considera de carácter restrictivo y persecutorio para la actividad en las cooperadoras.
En este sentido, la nueva legislación plantea una peligrosa persecución política e ideológica para los integrantes de esos institutos. Militancia política, reclamos por problemas edilicios o el apoyo a las luchas estudiantiles podrían ser causal de remoción en los cargos de los miembros de la cooperativa.
Las cooperadoras sostienen que la norma plantea lo contrario a la participación y ampliación de derechos. Además, consideran que la nueva reglamentación tendrá consecuencias negativas “en el normal funcionamiento de las escuelas”, Las cooperadoras recaudan el 80 % del dinero necesario para cubrir gastos escolares y el 20 % se cubre con partidas del Ministerio de Educación porteño.
Nota al Pie consultó a Pablo Cesaroni, integrante de la organización de “Cooperadores en Movimiento” y miembro de la “Multisectorial por la Escuela Pública”. En dialogó con este medio, el entrevistado brindó detalles para conocer la visión de los cooperativistas sobre el nuevo marco regulatorio.
Un corralito a la participación escolar
Cesaroni expresó que el proyecto votado “cuenta con el rechazo de la mayoría de las cooperadoras. ¿Por qué lo estamos rechazando? Bueno, fundamentalmente porque varios artículos ponen límites a la participación de la comunidad educativa en las futuras comisiones directivas”.
El referente detalló cuales son los artículos más atacados de la nueva ley por parte de los cooperativistas. Por ejemplo, es el caso del artículo nueve donde se plantea dos niveles de socios: socio A y socio B. “El socio A sería el activo y solamente serían los familiares directos o los representantes legales los que podrían participar de la Comisión Directiva (con voz y voto)”, dijo.
Por otro lado, entra la figura del socio adherente que representa al resto de la comunidad educativa: docentes, o alumnos de más de 18 años. “Los alumnos terciarios y familias de alumnos que hoy no están en la escuela pero que siguen comprometidos con la institución. Todos ellos podrían tener voz, pero no van a tener ni voto ni pueden entrar a las comisiones directivas”, precisó Cesaroni.
El artículo 14 limita la posibilidad de reelegir miembros de la comisión directiva. Por su parte, el artículo 18 es el que restringe la capacidad que tienen los familiares (cónyuges o hermanes), quienes pueden acceder a ser parte de la cooperativa, pero no podrían oficiar como revisores de cuenta.
“Son varios artículos que ponen límites y que van a hacer que las cooperadoras se achiquen, que tengan menos integrantes y que incluso haya escuelas que no las tengan. No van a poder tener cooperadora porque va a ser muy difícil. Esto va a garantizar el mal funcionamiento de las escuelas”, indicó el delegado cooperativista.
Múltiple persecución a los cooperativistas
Por otro lado, Pablo Cesaroni explicó que el rechazo a la ley, también, se debe “a otro artículo muy peligroso. El artículo 16 plantea directamente la persecución a los integrantes de la cooperadora, que por ahí habla de actividades políticas o partidarias”. Esto significa que un miembro que tenga actividades partidarias puede ser removido en virtud de ese artículo.
En este sentido, el delegado, ilustra esta problemática en un caso hipotético en la que “una cooperadora que se queje por la caída de un techo, o que apoye la lucha de los estudiantes secundarios, o que haga un reclamo, podrá ser acusada que está haciendo actividad política y sus miembros pueden llegar a ser removidos”, agregó
Se inicia un plan de lucha desde las cooperadoras escolares
En base a este escenario, los integrantes de las cooperadoras se están organizando por las distintas comunas de la ciudad a través de reuniones presenciales y virtuales. En ellas, se encuentran con legisladores y abogados para evaluar la eventual presentación de un recurso de amparo ante la Justicia.
El colectivo está evaluando realizar una conferencia de prensa para los próximos días. “Bueno, la verdad que estamos en un amplio plan de acción, de organización y salir. Inclusive a través de las redes, tratar de llegar a los medios de prensa para difundir este nuevo ataque del Ministerio de Educación y de su ministra, Soledad Acuña, contra la comunidad educativa”, concluyó Cesaroni.
Finalmente, el Cuerpo de Delegados Comunales de Asociaciones Cooperadoras Escolares, denunciaron por medio de un informe institucional “que el texto de la norma niega el derecho constitucional de asociarse con fines útiles y desnaturaliza las regulaciones sobre la forma de asociarse que establece el Código Civil y Comercial de la Nación”.
Escrito por: Jorge Omar Mato