«Un autoritarismo represor, clasista y racista»

Campesinos e indígenas organizados en rechazo al megadecreto de Milei. Lo rechazan por antidemocrático, permitir el extractivismo en territorios ancestrales e impactar la producción de alimentos.

Movimientos campesinos y comunidades indígenas rechazan las medida del Gobierno nacional –tanto el megadecreto como el proyecto de ley ómnibus– por atentar contra la producción de alimentos, debilitar la soberanía alimentaria y facilitar el avance del modelo extractivo sobre territorios comunitarios.

La Confederación Mapuche denunció que el Presidente implementa «un autoritarismo represor, clasista, racista y organizado para una mayor explotación a manos de los grupos de poder económico». Y hacen un llamado a la movilización y la más amplia unidad para frenar la quita de derechos.

Doce organizaciones de La Plata, Berazategui y Florencia Varela, zona de producción hortícola por excelencia, emitieron un comunicado conjunto en repudio a las medidas del gobierno de Javier Milei. «Se trata de un ajuste brutal sobre campesinos, trabajadores, el pueblo; y una gigantesca entrega de la soberanía», denuncian la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), la Federación Rural, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), Mujeres de la Tierra y la Asociación de Medieros (Asoma), entre otras.

Puntualizan que la devaluación, la desregulación del precio de los alquileres y el aumento de los combustibles, entre otros medidas, provocan una «profunda crisis» en el sector que afectará a toda la población por el consecuente aumento del precio de los alimentos.

La unión de doce organizaciones bajo el paraguas de la «Multisectorial Agraria La Plata», es también una muestra de la diversidad en la acción. Lo explicitan en el comunicado y hacen un llamado a otros espacios: «Hoy más que nunca es necesaria la más grande unidad para defender lo conquistado, seguir peleando por lo que falta y, al calor de la lucha, impedir los planes de esta derecha reaccionaria y ponerle freno a la represión».

Desde la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) declararon que las comunidades originarias de la provincia se declaran «bajo estado de amenaza ante una Presidencia que promueve odio racial y que busca privar de derechos al pueblo, conquistas que nadie nos regaló y que no vamos a regalarle a ningún gobierno por más protocolos represivos que muestren», en referencia a Patricia Bullrich.

«Hemos vivido un sistema democrático débil, incompleto, desigual, que ha impedido que las naciones indígenas ocupen el lugar que nos corresponde. Pero con todas esas falencias que son reparables con la movilización popular, este sistema desaparece ante un autoritarismo represor, clasista, racista y organizado para una mayor explotación a manos de los grupos de poder económico concentrados», denunció la Confederación Mapuche.

Además expresó su rechazo al decretazo y al proyecto de ley ómnibus, llamaron a la defensa de los bienes comunes, los territorios indígenas y a la unidad del campo plurinacional y popular.

La Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) definió al megadecreto como una medida «autoritaria» y –junto a las medidas enviadas al Congreso– las catalogaron como «un fuerte golpe a la producción de alimentos».

La Mesa Agroalimentaria está conformada por la UTT, la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), Bases Federadas y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf). Y está en las antípodas de la Mesa de Enlace y del sector empresario representado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa –en la actualidad con referentes en la Secretaría de Agricultura y del INTA–).

La Mesa Agroalimentaria denunció que cada punto del DNU beneficia a un grupo reducido de empresarios «que desde siempre hacen negocios a costa de la miseria del pueblo». Y rechazron la mirada neoliberal del Gobierno que «deja todo en manos del mercado».

Todos los sectores campesinos e indígenas coinciden en que la derogación de la llamada «ley de tierras» (que limita la extranjerización) profundizará el extractivismo minero, petrolero, forestal y del agronegocio. Al mismo tiempo implicará mayor concentración de tierras en pocas manos.

La Asociación Campesina del Abaucán (Acampa) de Catamarca es un espacio autónomo que impulsa desde hace más de dos década, una emblemática feria de semillas criollas en el oeste provincial. Manuel Aguirre integra Acampa, es productor y comunicador en la radio comunitaria Horizontes (en Medanitos). «El Gobierno le da más libertad de acción a las grandes empresas y al mismo tiempo les da vía libre para que sigan contaminando y saqueando nuestros territorios, al mismo tiempo que dejan más pobre al pueblo», afirmó Aguirre.

Recordó que en la zona ya padecen a la minera china Liex Zijin con el proyecto de explotación de litio «Tres Quebradas», que no ha dado trabajo ni desarrollo local y atenta contra el desarrollo turístico y agropecuario del lugar. Aguirre advirtió que los sectores populares «no se quedarán de brazos cruzados», que harán respetar sus derechos y forma de vida y llamaron a organizarse y tener mayor articulación: «La única forma es unirnos y luchar todos juntos».

«No a la minería de litio»

El Presidente Milei, en una entrevista televisiva, dio a conocer el interés del multimillonario Elon Musk y de empresas de EE.UU. por el litio de Argentina. Mariela Alancay de la comunidad indígena de Aguas Blancas — Salinas Grandes de Jujuy, lugar codiciado por las mineras– le respondió: «Tiene que venir aquí y ver la realidad. Nosotros vivimos y trabajamos aquí por generaciones, tenemos el ganado y cuidamos las salinas. Tenemos derechos, son nuestros territorios y ya dijimos que no queremos minería de litio».

Alancay integró el Tercer Malón de la Paz que viajó desde Jujuy a la Capital Federal en reclamo contra la reforma constitucional y acampó frente la Corte Suprema (sin respuesta).

Además del Artículo 75 de la Constitución Nacional, la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal), las comunidades originarias enarbolan el derecho de quien vive en el lugar. Mariela Alancay lo resume: «Nuestros ancestros nos dejaron esta naturaleza, estos territorios sanos y limpios para los que trabajemos. Nosotros cuidamos la Pachamama y se las dejamos a nuestros hijos y nietos. Por eso la defendemos y por eso decimos no al litio, sí al agua, sí a la vida».

FUENTE: Página 12

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